En un año con paritarias a la baja baja y en concepto de perder por poco, el Gobierno, empresarios y la CGT suscribieron un acuerdo para un pago adicional de $5.000. Se definirá hoy la forma de su efectivización, decreto mediante. Bono en sí, no será, por un lado porque el concepto económico de esa condición se corresponde a gratificación y la información oficial habló de pago no remunerativo a cuenta de futuras revisiones nacionales.

En efecto, tras la reunión del ministro Dante Sica, funcionarios, representantes de empresas y la central obrera de Azopardo, que fue adelanto de BAE Negocios, la síntesis oficial versó sobre el acuerdo para "una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado. La misma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias". La "letra chica" que detallará la forma en que se abonará el plus corre en paralelo al escenario de las cámaras pymes que vienen advirtiendo sobre las dificultades que tendrán para cubrir ese costo.

La simetría con el pago adicional de 2018 es apta para todo público. Incluso es alerta naranja para los sindicatos que el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, remarcara que se trata de una alternativa "a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pymes", donde "los problemas puntuales de algunas empresas sean analizados caso por caso".

Para el análisis de abogados laboralistas lo anunciado suscribe a la confusión general en tiempos de crisis. Por ejemplo Luis Roa, secretario académico de Relaciones Laborales (UBA), manifestó a este diario que "ni siquiera es un aumento de salarios: es una recomposición que no recompone nada luego del desabarajuste que hizo el gobierno post PASO, y que ni por asomo va a compensar la inflación mayorista acumulada en septiembre, octubre y noviembre". Para Roa, la cita de "a cuenta de futuras paritarias" es otra contradicción "porque fue este Gobierno el que prohibió por decreto 633/18, pactar sumas no remunerativas mediante negociación colectiva".

A consideración de Héctor Recalde, se trata de un pago de idéntica modalidad al otorgado en 2018, "más allá de que habrá esperar el decreto. Mientras que el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) Matías Creomente señaló que "lo trascendente es que por lo menos el Gobierno asume que la magnitud del deterioro salarial que su modelo ecónomico generó, ameritan atender tal emergencia". Cremonte remarcó, como sus colegas, "el hecho de que lo definan como recomposición salarial se contradice con la mención de que el mismo es a cuenta de paritarias".

A la reunión asistieron por la CGT asistieron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estacioneros), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro) entre otros. En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (Camarco), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC) entre otros empresarios.