Ante el fracaso de la mediación, el presidente Alberto Fernández demandó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por 100 millones de pesos luego de que la dirigente afirme que el Gobierno pidió "retornos" para que llegue al país la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, lo cual fue desmentido por la propia empresa.

El 18 de junio pasado se llevó adelante una mediación virtual en la que tanto Fernández como Bullrich manifestaron que preferían avanzar directamente a juicio en lugar de conciliar en ese momento. Este lunes el abogado del Presidente en esta causa, Gregorio Dalbón, informó la interposición de la demanda por "difamación".

"El Presidente interpuso una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos. La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial", consignó el letrado desde su cuenta de Twitter.

Dalbón remarcó además que, una vez que gane el pleito judicial, el mandatario donará ese resarcimiento al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el coronavirus.

Fuentes del entorno presidencial señalaron a Télam que a Fernández "no le importa lo económico", que será donado, sino que "pedirá se lea la sentencia en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de Bullrich sobre que el Gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al Presidente".

Fernández tomó la decisión de demandar a Bullrich luego de que el 18 de junio fracasara la audiencia conciliatoria entre ambos. Esa mediación, que se desarrolló de modo virtual, duró menos de media hora, y ambas partes expresaron su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio.

El Presidente participó de esa audiencia virtual desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Dalbón, mientras que, del otro lado, la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos se mostró acompañada por dos letrados.

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio Pfizer a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso, después.

“Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, afirmó Bullrich en una entrevista con el periodista Luis Majul en el canal LN+.

Horas más tarde de la entrevista, la farmacéutica Pfizer salió a aclarar la situación y descartó que el Gobierno haya requerido colocar a como intermediario a Hugo Sigman, el empresario argentino que es dueño del Grupo Insud, un conglomerado empresarial con gran peso en el sector farmacéutico a nivel mundial.

Días después, gerente general de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, expuso en la Cámara de Diputados sobre este tema y ratificó el rechazo a las acusaciones. "Durante toda la negociación en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios", señaló, y agregó que "es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas avanza y con cuáles no".

Por su parte, también el Ministerio de Salud ya presentó semanas atrás una denuncia ante la Justicia penal para que se investiguen las declaraciones de Bullrich. La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini.

Para el Poder Ejecutivo, los dichos de Bullrich revisten hechos de gravedad institucional porque implican sembrar sospechas en las complejas negociaciones que realiza el Gobierno para conseguir vacunas contra el coronavirus.