En el Gobierno trabajaron más silenciosamente que de costumbre para cosechar los apoyos necesarios que ayudaran a obturar la sesión de este martes. El principal desafío que tenían por delante era convencer a los gobernadores, en especial a los peronistas, que impartan la orden a sus diputados de no bajar al recinto. Los mandatarios del PRO y la UCR ya habían jurado lealtad el día anterior. Al oficialismo sólo le faltaba sumar algunas voluntades más de Unión por la Patria para impedir que se debata la reforma a la ley de decretos y el rechazo al DNU referido a la reestructuración de la deuda y lo consiguió.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó todo el fin de semana de hacer decenas de llamados para asegurarle al Ejecutivo nacional que no se realice la sesión. A la par, estuvo negociando uno de los hombres de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,: Eduardo "Lule" Menem. El lunes por la noche, a contramano de lo que decían en la oposición, ya sabían que el escenario les era más favorable de lo que los legisladores opositores preveían.

El oficialismo reforzó en las últimas horas las conversaciones con los mandatarios peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También con Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Todos, en diferente grado, acordaron colaborar con la Casa Rosada. A cambio, recibieron la promesa de que sus reclamos serían atendidos en el debate del Presupuesto 2025.

El compromiso de los libertarios tomó más forma cuando el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó para este jueves a una reunión para tratar el proyecto de la "Ley de leyes", después de casi tres semanas de haber frenado la discusión. El objetivo de máxima es llevar este tema al recinto la semana próxima.

Con esa esperanza por delante, pero sobre todo con que serán tenidos en cuenta los diferentes pedidos (los fondos retenidos de ATN, las partidas de la coparticipación y las deudas de las cajas previsionales, entre otros asuntos), los gobernadores intervinieron directo para debilitar el número que manejaban los impulsores de la sesión. Hasta anoche, eran 133 y 134 los diputados que se iban a sentar en sus bancas. Hoy, a medida que se acercaba el horario de sesionar, apenas llegaban a 123. Incluso, los más optimistas decían que eran 127, dos menos de los necesarios para el quórum.

Los mandatarios del PRO Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) pidieron a dos diputados de Encuentro Federal (Jorge Ávila y Francisco Morchio) que les responden, respectivamente, que no bajen al hemiciclo.

Sin embargo, La Libertad Avanza jugó todas sus fichas a fracturar la bancada de Unión por de Patria. Los catamarqueños Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega adelantaron que no iban a dar quórum, por pedido de su gobernador.

La mendocina Liliana Paponet se ausentaría. Al menos otros cuatro legisladores de Unión por la Patria estaban en duda.

El desorden interno generó un gran cimbronazo dentro del bloque peronista, que no es nuevo, pero que hasta ahora no puso en jaque la coexistencia de los diferentes sectores que componen la coalición, después de la fuga de los tres tucumanos que reportan a Jaldo. La mayor novedad es que esta vez aparecieron otras voces disidentes, que obligaron a recalcular la estrategia parlamentaria con el resto de las fuerzas opositoras que bregaban para sesionar.

"Vamos a tener que decidir qué queremos hacer. Si votar todos juntos y defender nuestra postura ideológica, incluso para morir con las botas puestas, o atender lo que cada uno de los gobernadores necesita y mirar para otro lado en algunas votaciones", dijo a BAE Negocios un legislador peronista.

Algunos opositores que pusieron la firma para pedir la sesión de este martes responsabilizan a Unión por la Patria de la derrota. Uno de ellos destacó: "A veces hay que ser menos ambicioso. No tendríamos que haber incorporado el rechazo al DNU 846 y así teníamos debate".

Fue justamente ese tema el que puso en alerta al oficialismo y el que le sirvió para presionar a los gobernadores, en función del Presupuesto. La reforma de la ley que regula los decretos, si salía, iba directo a ser vetada, pero además el Senado ni siquiera tenía chances de llegar a tratarla este año.