Encabezados por el juez nacional Juan María Ramos Padilla, organizaciones derechos humanos, políticas, sociales y sindicales, así como funcionarios de la justicia, del Poder Ejecutivo y personalidades del quehacer nacional, marcharán este martes al Palacio de Tribunales para exigir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y en reclamo por la democratización del Poder Judicial.

La actividad que bajo la consigna "Basta de impunidad" y el pedido de "Democratizar la Justicia", tendrá lugar a las 18 frente a la Plaza Lavalle, contará con un acto central en el que hará uso de la palabra el juez Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29.

Ramos Padilla señaló días atrás que en la Marcha del 1F “el pueblo exigirá un servicio igualitario de justicia para que nos defienda” y advirtió que se debe "lograr cambiar la historia, para el bien de todos,  no solo de algunos cipayos que nos estafan constantemente"  para lo cual "debemos de ser miles y miles en todo el País" y mostrar que es lo que quiere la sociedad.

Este domingo y a través de su cuenta de Twitter, el magistrado señaló que "en 48 horas comenzaremos a transformar la Patria, lucharemos por ser iguales ante la ley. Vamos a cambiar la Historia,  con esa igualdad y unidos pacíficamente, recuperaremos la soberanía y con trabajo, estaremos nuevamente orgullosos de ser Argentinos".

En la convocatoria -la que advierten será masiva-, además de cuestionar el desempeño de la Corte y sus miembros, también se exigirá el fin de la impunidad y del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos

La iniciativa convocada por sectores afines al Gobierno nacional, contará con la asistencia de personalidades de diferentes ámbitos, así como de organizaciones de derechos humanos, entre las que figuran la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora,  H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH).

El copresidente de la APDH, Eduardo Tavani, afirmó a través de un comunicado que la calle "será una vez más el escenario" para expresar las demandas y exigir "un sistema de justicia de cara al pueblo" y una Corte Suprema que "respete la Constitución Nacional, los Tratados internacionales incorporados a ella y las leyes de la Nación", y que sea "plural e independiente de las presiones externas y de los grupos concentrados de poder.

"Reclamaremos a viva voz la renuncia de esta Corte, el fin de lawfare y la efectiva democratización de la justicia, conscientes de que sin una justicia al servicio de nuestro pueblo no habrá verdadera democracia, en un momento donde el hartazgo ha llegado al límite", subrayó. 

También estarán presentes Justicia Legitima, la Asociación Americana de Juristas, el Grupo de Derechos humanos de Isla Maciel, la Federación Judicial Argentina -integrada por trabajadores de las justicias provinciales-, Miles, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los gremios nucleados en el Frente Sindical.

En tanto que el partido Frente Grande, que también será de la partida, expresó que marcharán "con expectativas y esperanzas" para reclamar la "democratización" de la Justicia y protestar contra la Corte Suprema.

El Gobierno sin posición aunque varios funcionarios acompañan

Por su parte y pese a que el último jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, señaló que el Gobierno nacional "no toma postura" sobre la convocatoria, fueron varios los funcionarios que salieron a mostrar su respaldo a la iniciativa o a confirmar su asistencia al acto.

Ese fue el caso del ministro Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), quién confirmó que participará de la movilización contra los integrantes del máximo tribunal de Justicia del país, al advertir que "es importante generar procesos de democratización de la Justicia" y aseguró que "va a ser una gran movilización" en la que "vamos a estar los perseguidos". 

Previamente, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dejó sentado su respaldo a la movilización al afirmar que le parece "sano y necesario que la gente se pronuncie".

Mientras que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, destacó que se trata de una movilización "más que necesaria" y agregó: "Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda".

También el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había expresado que adhería al tema de "encontrarle una alternativa" al problema de la justicia porque una "Corte sin prestigio no es una Corte".