Sobre los mismos ejes que impulsa la Comisión Nacional de Valores (CNV) para promover una reforma laboral de hecho mediante fondos de cese en reemplazo de las indemnizaciones previstas por ley, el Gobierno destacó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) también avanza en cambios para el régimen de los peones rurales.

En efecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló al presidente de la SRA, Nicolás Pino, como uno de los impulsores de la reforma que La Libertad Avanza pregona desde diciembre de 2023. “Vamos a tener novedades pronto”, anticipó entusiasta el funcionario en diversas entrevistas televisivas.

Dato duro a tener en cuenta y vinculante a este escenario: el trabajo en el campo es uno de los núcleos laborales con mayor porcentaje de hombres y mujeres no registrados, como en algún momento incluso lo lamentaron desde UATRE, a este diario, al desarrollar un panorama de la actividad. Léase, a esos trabajadores llegado el fin del “contrato de trabajo”, no les queda la alternativa de requerir indemnización alguna.

“Hay varios grupos empresarios que ya me dicen que están prontos a implementarlo. Han inventado cosas espectaculares”, afirmó Sturzenegger, y recordó que la Ley Bases habilita a las cámaras empresariales a negociar con los trabajadores mecanismos alternativos a la indemnización tradicional, en línea con el modelo del sector de la construcción.

En ese rubro, los trabajadores realizan aportes mensuales a una cuenta individual, que se liquida una vez finalizada la obra. Ese sistema fue creado en un contexto de alta rotación y temporalidad, características propias del sector. Sin embargo, su extensión a actividades industriales o de servicios permanentes, donde las empresas requieren retener mano de obra calificada luego de períodos de formación, presenta múltiples objeciones, incluso desde el empresariado.

El propio Sturzenegger reconoció que la propuesta de sustituir las indemnizaciones no despertó entusiasmo ni en la mayoría de las cámaras patronales ni en los sindicatos. En consecuencia, en caso de aplicarse, serían esquemas marginales y de carácter excepcional.

Como publicó BAE Negocios, la Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1071, que autoriza el funcionamiento de Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Fideicomisos Financieros para el Cese Laboral. Esta norma reglamenta un régimen especial para Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en los términos del Decreto N° 847/2024.

“Este sistema permite a los empleadores y trabajadores sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como otros rubros indemnizatorios”, detalla el comunicado oficial. El texto también precisa que el sistema deberá establecerse en el marco de un convenio colectivo de trabajo y administrarse mediante FCI abiertos o fideicomisos financieros.

Para los expertos en derecho laboral estte tipo de disposiciones, que avanzan sin debate parlamentario ni consenso social, consolidan un modelo de reforma laboral por fragmentación y vía reglamentaria. En lugar de una ley integral que discuta derechos, estabilidad y productividad, el Ejecutivo promueve cambios sectoriales que erosionan garantías históricas. Tanto en el agro como en actividades industriales, “la sustitución de las indemnizaciones por mecanismos financieros no sólo implica un cambio técnico, sino un giro cultural en la concepción del trabajo”. Y, como señalan juristas y sindicatos, abre la puerta a una mayor precarización.