El Ministerio de Trabajo a cargo de Kelly Olmos dictó anoche la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto salarial de los choferes de colectivos de corta y media distancia representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Esa organización gremial había dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes y ahora tales servicios deberian funcionar normalmente.

El acta que rubricó la cartera a la que tuvo acceso BAE Negocios resolvió "dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

Las partes, empresas y gremios, fueron citadas para el martes 23 y Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía "promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado" y "otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar".

La cartera laboral sostuvo que "por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente".

También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes "lleguen a un acuerdo" y "garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes".

Todo dentro de la ley

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a cargo de Raúl Ferrara, dispuso en ese marco "intimar" a la UTA y a los trabajadores "a dejar sin efecto, durante el período indicado toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".

A la vez, "intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires" (AMBA) involucradas en el conflicto "a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal". En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.