El juicio por la expropiación de YPF, que lleva una década en el tribunal de la jueza Loretta Preska, atraviesa esta semana una instancia decisiva. Mañana, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá definir si mantiene la suspensión de la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte del pago de una indemnización que, con intereses, supera los USD 18.000 millones.

El fallo de primera instancia, dictado por Preska en 2023, condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La sentencia fue apelada y la audiencia de revisión se fijó para la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas nacionales.

En paralelo, el tribunal deberá decidir si las acciones de YPF se transfieren de inmediato, si se exige otro tipo de garantía o si se acepta el pedido argentino de frenar la medida sin condiciones. El artículo 10 de la Ley 26.741 establece que el Estado no puede vender o transferir esas acciones sin autorización del Congreso.

Burford Capital, principal beneficiario del caso, avanza en distintas presentaciones para presionar a la Argentina. Entre ellas, solicitó el acceso a correos electrónicos, chats y documentos del actual ministro de economía Luis Caputo y del exministro Sergio Massa -a lo que Argentina se niega-, además de la entrega directa de las acciones estatales. El fondo inglés adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen en España y recibiría el 70% de lo que se cobre, mientras que el 30% restante se destinaría a la administración de la quiebra del Grupo Petersen.

La defensa argentina sostiene dos apelaciones: contra la sentencia que ordena el pago de la indemnización y contra la orden de entregar las acciones. En el segundo caso, la Cámara dispuso que el 25 de septiembre el país presente su primer escrito con argumentos, y que los demandantes respondan después.

Si el tribunal rechaza el pedido de suspensión o impone garantías distintas a las acciones, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si la decisión es favorable, la entrega de las acciones quedaría frenada hasta que se resuelva la apelación principal.

Según una encuesta de Poliarquía Consultores, el 65% de la población cree que el Ejecutivo debería negociar un acuerdo para reducir el monto a pagar, mientras que uno de cada cuatro sostiene que el Gobierno debería desconocer el fallo. Sobre la forma de pago, el 37% se inclina por emitir bonos soberanos, el 16% por entregar acciones de YPF y el 9% por ceder activos vinculados a Vaca Muerta u otras empresas estatales.

En la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, insisten en litigar hasta la última instancia y evitar filtraciones, luego de que en las últimas semanas se desplazara a más de 60 funcionarios por supuestas irregularidades. Burford, en tanto, mantiene silencio sobre su estrategia, aunque fuentes del mercado consideran que podría aceptar un paquete de activos si existe un reconocimiento formal de la deuda.