En el transcurso de 2022, el Municipio de San Vicente anunció la construcción de un complejo con 500 inmuebles. Este plan de vivienda, según indicaron los adjudicatarios, fue presentado por el intendente Nicolás Mantegazza como una oportunidad sin igual para cumplir el sueño de la casa propia en tiempos difíciles. Pero, de acuerdo con lo detallado por los compradores, las propiedades se entregaron incompletas, incluso sin pintar, sin servicios y sin asfalto. No obstante, se cobraron las tasas municipales, motivo por el cual los propietarios consideraron que se trató de "una estafa".

"Es una vergüenza lo que hicieron", remarcó Roberto Armirotti, coordinador de La Libertad Avanza en el distrito y quien visibilizó la cesión de las casas ubicadas en el barrio El Empalme. Al respecto, Armirotti reveló: "El intendente Nicolás Mantegazza anunció la entrega de 500 casas terminadas con un mejorado de las calles". Sin embargo, "las primeras casas se entregaron terminadas, sin servicios, antes de las elecciones del año pasado". "Luego comenzaron a entregar viviendas sin terminar, haciéndole firmar a la gente que se aceptaban como estaban", completó el dirigente político.

Armirotti fue receptor de los testimonios de diferentes personas que se inscribieron en el mencionado plan de vivienda. En base a los testimonios, relató ante Grupo Crónica que "cada vecino pagó por su casa entre $1,2 millón y $1,7 millón de entrada y después abona cuotas mensuales que oscilan entre los $40.000 y los $60.000, a treinta años".

El barrio El Empalme está situado a pocos metros del Polideportivo Padre Mujica, en Alejandro Korn. En su anuncio, el Ejecutivo municipal precisaba que la dimensiones de las viviendas tenían una superficie de 58 metros cuadrados y contaban con dos habitaciones. Además, establecía que los inscritos debían tener entre 18 y 65 años y contar con al menos cinco años de residencia. A su vez, se les exigía justificar ingresos mensuales de entre uno y ocho salarios mínimos.

En dicha presentación también se fijó la prioridad de entrega para los empleados municipales, quienes debían tener al menos dos años de antigüedad cumpliendo funciones en el municipio y no ser propietarios con anterioridad, al tiempo que se dispuso que las cuotas se descontarían de sus salarios.

Respecto del estado de los inmuebles, Armirotti enfatizó que "hay casas que las entregaron sin puerta, ventanas y piso. Las últimas solo son una estructura".

Ese es el caso de Vanina, quien se inscribió en septiembre del año pasado. En aquella instancia, la joven recordó que "el día del sorteo, el intendente expresó que esta obra era una gran oportunidad para dejar de alquilar o abandonar la casa de los padres". No obstante, la mujer indicó que, cuando recibió el inmueble, el propio Mantegazza reconoció que la obra no estaba culminada por falta presupuesto. "Dijo que teníamos que mirarlo por el lado de que no podríamos haber hecho toda esa construcción por nuestra cuenta. Cambió el discurso", sentenció. A su vez, en el momento de la entrega, las autoridades municipales le aseguraron a ella que "la casa estaba al 75 %". "Cuando pregunté qué representaba ese porcentaje me respondieron que solo le faltaban detalles", aseveró. Cuando ingresó a su nueva morada, Vanina vio que estaba inhabitable. Por esta razón, la adjudicataria enfatizó: "Es una estafa, no se condice con una emergencia habitacional. Para terminarla se necesita mucho dinero. La mayoría sacamos un préstamo para el anticipo y a eso hay que sumarle la cuota más el impuesto. Imposible pensar en terminarla. Ni siquiera tengo plata para comprar las aberturas y cerrarla". En referencia a los costos, la joven precisó que pagó dos cuotas iniciales de $59.189,80 y $64.274,20, a lo que deben añadir $25.000.000 para completar la edificación.

En este sentido, Vanina exclamó: "Estoy desesperada porque me compré un problema. Esto es a muy largo plazo, tengo la casa abierta y vivo con miedo de que me la usurpen. Por el momento solo me alcanza para pagar los préstamos que sacamos para el anticipo y para cubrir la cuota y el impuesto, a duras penas llego a fin de mes. No compré una vivienda para hacer una inversión, la compré para ir a vivir con toda mi familia".

Por su parte, a Miranda le dieron las llaves de un inmueble habitable que solo presentaba desperfectos en las ventanas. Al respecto, la flamante propietaria reveló ante este medio: "Las trabas de las ventanas estaban rotas y nunca las cambiaron. Me dijeron que no había más. Las del último sorteo directamente no tienen aberturas".

Para acceder a su vivienda, Miranda afrontó un monto inicial de $1,2 millón y cuotas mensuales de aproximadamente $30.000, en un plazo de treinta años, conformando un total de 360 cuotas. No obstante, si bien cumple cada compromiso de pago, Miranda reconoció: "Había irregularidades en cuanto a los reclamos, porque pedía algo y me decían que no lo tenían, cuando se supone que los canales de reclamo están para pedir faltantes o cosas que se rompieron, ya que estaban como garantía del hogar". A su vez, la joven agregó que "otra irregularidad era la bajada de luz, dado que tenían que conectar el pilar al tablero eléctrico, para lo cual contaban con el personal y con los materiales. Pero, de todas formas, me cansé de pedir la bajada, no me daban respuestas, hasta que me avisaron que esa conexión me correspondía hacerla a mí, cuando a algunos vecinos se los hizo el municipio". "Tuve que pagar un electricista matriculado por mi cuenta y comprar todos los materiales", detalló.

Por si fuera poco, la mujer dio cuenta de una marcada controversia en el plan de vivienda vinculada con las tasas municipales. En este sentido, Miranda reveló: "Están cobrando asfalto, cuando en la reunión de vecinos nos dijeron que no se iba a poner sino un consolidado de piedra que al día de la fecha tampoco está. Entonces, cuando llueve se embarra todo y es muy difícil entrar, circular o salir del barrio".

En referencia a ello, Armirotti consideró: "Es un desastre porque les cobran las tasas, más por barrio protegido, que implica $10.000 más. Es una estafa". En ese marco, desde el espacio que representa, presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante exigiendo que el municipio suspenda el cobro de las tasas hasta que se instalen los servicios. Mientras tanto, los adjudicatarios abonan dichas obligaciones impositivas, que rondan los $28.000.

Cabe aclarar que tanto Vanina como Miranda optaron por no brindar sus identidades completas argumentando "temor a represalias". "Les molesta un testimonio negativo sobre su obra habitacional, aunque es una realidad que padecemos 500 familias que soñábamos con tener nuestra casa y vivimos una pesadilla, de la que no sabemos cómo despertar porque entre los impuestos, las cuotas y lo que tenemos que arreglar parece una utopía poder vivir en ellas", aseguró la primera de las mencionadas.