El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los delitos de "sedición", "asociación ilícita agravada" y "atentado al orden constitucional" contra los organizadores de la marcha del pasado miércoles, que terminó con una brutal represión policial. La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N°11, apunta a exdirigentes montoneros, intendentes y grupos de barras bravas, a quienes se acusa de promover disturbios durante la protesta de jubilados.

En el escrito, presentado por el abogado Fernando Soto, se señaló como posibles responsables al ex líder montonero Mario Firmenich, a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían fomentado la violencia con fines desestabilizadores. "Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego", detalló el Ministerio.

Algunos, como el caso del municipio de La Matanza, ya respondieron públicamente a las acusaciones del Ministerio de Seguridad: "Con mentiras, Bullrich quiere desviar la atención sobre la salvaje represión que ordenó". Mientras que el presidente Javier Milei salió a defender a su funcionaria.

La denuncia también cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos. Según el Ministerio, Andrade habría incumplido normas del procedimiento penal al disponer la liberación de más de cien personas sin revisar pruebas ni verificar antecedentes penales. "Estamos evaluando una denuncia penal contra Andrade por prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos", afirmó Seguridad.

La defensa de la Jueza

Por su parte, la jueza defendió su resolución y aseguró que no recibió información precisa sobre la presencia de barras bravas en la marcha. "Nadie me llevó datos certeros de que había barrabravas", declaró Andrade a radio El Destape. Además, criticó las detenciones: "Hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos".

La magistrada también aclaró que su decisión se basó en garantizar el derecho a la protesta. "Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. No fue una decisión trasnochada", sostuvo. Andrade destacó que, al momento de la liberación, solo tenía información de 14 detenidos, pero luego se enteró de que había más personas arrestadas sin notificación adecuada.

Con el apoyo de los hinchas

Desde hace unas semanas, los hinchas de diferentes clubes se manifestaron en defensa de los jubilados que marchan todos los miércoles en Congreso. Y, en ese marco, convocaron a marchar.

Ahora, el Ministerio de Seguridad vinculó a los disturbios con grupos de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River Plate e Independiente, entre otros. 

Además, mencionó la participación de Mario Firmenich, quien habría apoyado la movilización desde España a través de un video viralizado en redes sociales. "Los medios informaron la existencia de grupos organizados, ´profesionales de la violencia´, pagados con $.50.000 para provocar disturbios", agregó la denuncia.

La disputa por decir qué pasó

La represión y los enfrentamientos registrados durante la protesta incluyó incendios, ataques y daños a bienes públicos. 

Según el Ministerio, más de una docena de policías resultaron lesionados, y se quemaron un patrullero y un ciclomotor, aunque no está claro quién inició los incendios. También se reportaron heridos entre civiles y periodistas, como el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una herida en la cabeza por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la Policía.

Cómo seguirá el debate

En cuanto a la posible remoción de Andrade, el Ministerio de Seguridad solicitó que se declare la incompetencia de su juzgado y no descartó presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Es un desprestigio al Consejo de la Magistratura y afecta a la democracia y a la división de poderes", respondió la jueza.

La denuncia del Gobierno también apuntó a Leandro Capriotti, histórico dirigente de Chacarita, como uno de los principales organizadores de la protesta. Según el texto, Capriotti estaría vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo y habría recibido apoyo financiero de actores políticos de municipios bonaerenses.