El Gobierno inició la implementación del silencio positivo en "más de 500 trámites" de la administración pública nacional. Según el oficialismo, la normativa será "un cambio de cosmovisión grande" que se aplicará de "forma gradual" a todas las áreas del Estado.

Esta legislación establece que, en los casos donde un ciudadano cumple con todos los requisitos formales de un trámite, si no hay respuesta de la administración estatal en un plazo de 60 días, sé de aprobación automática.

En esta primera etapa, el silencio positivo se aplicará en casos que van desde "la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos".

El Gobierno cerró con esta medida una semana en la que movió varias fichas como la llegada de un Régimen de Reparación Federal, que consistirá en un acuerdo voluntario entre las provincias y Nación para saldar las deudas entre sí.

Silencio positivo: el "hito histórico" del Gobierno

Desde el oficialismo aseguran que es el inicio de un "hito histórico" para los trámites administrativos. "Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica", indicó en un comunicado el Gobierno.

Hasta ahora se aplicaba el esquema conocido como silencio administrativo negativo. Esta legislación señalaba que, ante la falta de respuesta, los ciudadanos debían reiniciar sus trámites.

"A partir de ahora, cuando una solicitud de carácter reglado –como una licencia de Marca País o la inscripción en el Registro de Buques– no reciba respuesta en el tiempo establecido, se considerará aprobada. Este cambio reduce costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas", detalló el comunicado.

La normativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a ser aplicada en los organismos centralizados desde este viernes. A su vez, se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre.

Cabe destacar que en áreas de vital importancia, como salud pública, medio ambiente, servicios públicos, entre otros, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, esta normativa no será aplicable. En estos casos, la administración no podrá delegar su responsabilidad de revisión.

Ante su aplicación, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos en la materia para abogados que quieran instruirse sobre dicha normativa.