El Gobierno inició el proceso de privatización de Aysa, la empresa argentina encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en Buenos Aires. “Se incorporará al capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de este jueves.

El funcionario argumentó que desde su re estatización en 2006, “Aysa requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional totalizando USD 13.400 millones hasta el 2023”. “Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la estructura de la empresa”, aseguró Adorni, al tiempo en el que puntualizó que “los costos operativos crecieron un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, cuando supo ser del 4% promedio”.

La privatización se hará a través de un esquema mixto, que combina capital privado con el público nacional e internacional para “seleccionar un operador externo estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.

Adorni aclaró que, dentro de la propuesta formal del Gobierno, se incluye “la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de Aysa dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa”.

La semana pasada, el Gobierno publicó la Resolución 221/2025 en el que aprobó formalmente el Plan de Acción de Transición de Aysa. Allí, argumentó que la empresa de agua no puede cumplir con el plan original de obras y mantenimiento por falta de recursos económicos, por lo que se armó un plan “más realista y ajustado”, que prioriza mantener los servicios básicos de agua y cloacas, y deja en segundo plano las expansiones o nuevas inversiones. Esta disposición fue aprobada por Aysa, la Agencia de Planificación (APLA) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

El Plan de Transición en sí no implica la privatización inmediata de Aysa, pero sí la somete a privatización en un marco legal más amplio.

Durante la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, se privatizaron muchos servicios públicos en Argentina, entre ellos el agua potable y saneamiento. En 1993, la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue privatizada y se creó Aysa como concesionaria privada para manejar el servicio en Buenos Aires y alrededores. La concesión fue entregada a un consorcio privado que debía invertir para mejorar la infraestructura.

Con el tiempo, la privatización fue criticada por falta de inversiones y problemas en la calidad del servicio. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado recuperó el control mayoritario de Aysa, reestatizando la empresa para garantizar la provisión del servicio de manera pública y con mayor inversión estatal, buscando mejorar el acceso y la calidad del agua y saneamiento.