Tras la decisión del juez Claudio Bonadío de procesar a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, el Gobierno estima que para el “primer semestre del año próximo” podría iniciarse el juicio oral.

En la reunión de gabinete en la Rosada, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó un informe al Presidente sobre los alcances y los pasos siguientes de la causa en la que involucra a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita, en la que también quedaron involucrados ex funcionarios y los empresarios más importantes del país.

Al momento de analizar el fallo, Garavano dijo a los periodistas que “luce muy fundado” el escrito de Bonadío, pero que hay que ver que “lo que Cámara de Apelaciones se pronuncia”. La primera reacción del Gobierno es que avance lo más rápido posible el juicio oral para determinar la responsabilidad de los acusados. El ministro reiteró que esa es “una instancia en la que el fiscal debe demostrar que una persona es culpable. Y eso debe ser resuelto por un tribunal”.

Desde el Ejecutivo resaltaron preocupación por el destino del dinero proveniente de las coimas que se revelaron en el fallo de 551 páginas de juez Bonadío. “Nos preocupa la búsqueda del dinero de los delitos y que el dinero vuelva al Estado”, explicó en el contacto con la prensa a la salida de la reunión de Gabinete.

En cuanto al posible pedido de desafuero de la senadora Kirchner, Garavano afirmó que el Poder Ejecutivo no avanzará en opinar sino que esperará la “decisión del Senado”. En el diálogo que mantuvo con Macri con los ministros conversaron sobre “el clima de libertad que se vive”. “Vemos un fortalecimiento de las instituciones y un momento de libertad de prensa y de libertad judicial. El Gobierno va a respetar lo que decida el Congreso”, analizó el funcionario.

El Ejecutivo apuesta que la “fijación del proceso de juicio oral se resuelva lo más rápido” posible porque “hay personas privadas de la libertad”. Garavano dio como ejemplo el caso del vicepresidente, Amado Boudou, que ya tiene una sentencia que aún no está firme.

Desde el Ejecutivo analizaron que la causa de las coimas cuadernos puede tener una implicancia en los proyecto de obra pública y en los contratos de Participación Público- Privada (PPP). “Este caso afecta personalmente a los empresarios involucrados y tiene un impacto en las empresas”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El funcionario consideró que “los que hicieron las cosas mal” tiene que ir presos y reconoció que “afecta a la economía porque genera incertidumbre”. “Estamos haciendo muchos esfuerzos para minimizar este impacto”, confluyó.