El presidente Alberto Fernández encabezó  una reunión con varios de los integrantes del Gabinete nacional donde se analizó un proyecto de ley que será enviado al Congreso de la Nación para su aprobación, el que apunta a fomentar el desarrollo de la economía popular a través de la creación de un monotributo inclusivo para trabajadores de ese sector, que promueva créditos para proyectos productivos y les dé preferencia en las compras gubernamentales.

Del encuentro donde se analizó la iniciativa que apunta a combatir la informalidad laboral, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Martín Guzmán (Economía), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Carla Vizzotti (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo), además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular del INAES, Alexandre Roig.

"Los tres temas claves que se trataron fueron: Monotributo inclusivo para reconstruir la relación fiscal, créditos del cooperativismo y el mutualismo para reconstruir la relación financiera y compra estatal para las coopertivas para reconstruir la relación comercial", dijo Roig al término de la reunión.

En tanto que la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, señaló que la iniciativa se trata de "un proyecto que están trabajando varios ministerios con la AFIP, para aquellas personas que quieran pasar de la economía social a registrarse como monotributistas", señaló  la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti.

Cerruti indicó además que "durante 2 años, con diferentes variables", se les descontará "el 90 o 95 por ciento de lo que tendrían que pagar" mientras que "a partir del segundo año" empezarán "a pagar la jubilación y luego las otras cargas".

"Es un incentivo muy fuerte para que la economía social se registre. No quiero hablar de gente que pasa del plan social al trabajo, porque trabajan en la economía social" agregó la vocera, quién indicó que el Gobierno necesita "que tengan un circuito formal". 

"La iniciativa es muy buena porque el pase de los planes sociales al trabajo formal es una medida muy limitada en su impacto y creemos que este anuncio tiene una cobertura mucho más real", señaló a BAE Negocios, el dirigente Daniel Menéndez de Barrios de Pie.

Menéndez advirtió que "la idea de qué por exenciones impositivas pueda transformarse el plan social en trabajo es muy limitada en su impacto" por lo que consideró que "esto de construir masivamente un monotributo productivo y que puedan haber créditos no bancarios, me parece una medida mucho más positiva".

"Creo que el crédito no bancario, así como el avance del blanqueo es lo principal, después a partir de la constitución del universo de trabajadores, se abrirán un conjunto de medidas que me parece que son todos temas a trabajar", señaló el dirigente social. 

Respecto a que los trabajadores pasen a ser proveedores del Estado y puedan participar del compre argentino, dijo que eso "ya está", porque "al tener el monotributo productivo la idea es que el Estado pueda garantizar las compras de lo producido por ese universo de trabajadores".

La iniciativa que se está analizando sería presentada como "un Proyecto de ley Puente de Inclusión al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes y de reforma del Monotributo para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral y el acceso a jubilación y cobertura de salud".

Contempla que durante los primeros 4 años desde la inscripción de nuevos contribuyentes haya una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo en cuanto contribuciones impositivas, jubilación y salud.

La transición sería gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad y el Estado se hará cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.

También se dispondrán "medidas antiabuso" para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, se informó.

Los beneficiarios serán los nuevos monotributistas; los contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20 de marzo de este año, y los monotributistas sociales y promovidos.

El nuevo régimen reemplazará al monotributo social y promovido, aunque quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo, en tanto quienes adhieran a este nuevo régimen serán beneficiarios de las coberturas a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria (CAPS).

El Monotributo tendrá entre sus objetivos el fomentar la registración: formalización laboral y tributaria y la inclusión financiera de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular.

También buscará posibilitar que los beneficiarios accedan a instrumentos con menos obstáculos, ya sea en materia de créditos, adquisición de máquinas y herramientas, capacitación, complemento de ingresos, etc.

Podrán participar los mayores de 18 años; que tendrán que estar inscriptos en el ReNaTEP, no ser titular de más de dos inmuebles, ni titular de más de tres automóviles y en ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes deberá estar afectado al emprendimiento económico.

Los requisitos actuales adicionales del ReNaTEP son: no ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de tres actividades independientes

De aceptarse esta iniciativa, todos los trabajadores en el ReNaTEP pasarán a estar inscriptos en el Monotributo  y, en la medida que cumplan los requisitos de permanencia en ese Registro, continuarán su condición de inscripción vigente.

En cuanto al apoyo al financiamiento productivo de la Economía Popular, se creará el Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario, que se conformará como un fideicomiso de administración, inversión y garantía.

El objetivo de esta iniciativa en estudio es impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través del otorgamiento de créditos productivos; bonificación de tasas, constituir fondos de garantía para financiamiento bancario y promoción de la capacitación y asistencia técnica

La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Por su parte, el BICE actuará como ente fiduciario

Este fondo tendrá que recibir aportes del Estado Nacional, las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, las entidades financieras reguladas por el BCRA deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular

De este porcentaje, podrán imputar el 100% a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs.