Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del conflicto con el Gobierno nacional respecto a la suspensión de las clases presenciales establecidas en un decreto ya vencido, las principales espadas del Poder Ejecutivo, incluido el propio presidente Alberto Fernández, salieron a responder a través de declaraciones, y decididos a mirar hacia adelante, se encaminarán a reformar el Ministerio Público Fiscal, para eyectar de su cargo al procurador interino Eduardo Casal.

"Estamos en un tiempo muy difícil, donde la pandemia no nos da respiro, y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias", señaló Fernández, quién le mandó un mensaje directo a la Corte al afirmar: "Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos".

Por su parte y través de la red social Twitter, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró de "lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas".

Si bien la decisión del máximo tribunal de justicia del país a favor de la presentación del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no generó sorpresas en el Gobierno debido, entre otras razones, a que parte de la sentencia ya había sido filtrada por varios medios de comunicación, pero sí despertó malestar por entender que la resolución tuvo un claro contenido de índole política.

En esa dirección, el ministro de Justicia, Martín Soria, también a través de Twitter, no dudó en considerar que el fallo tuvo “una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional” y advirtió que “las consecuencias no son políticas: se miden en vidas".

Por su parte, fuentes cercanas a la cartera de Justicia, ante la consulta a BAE Negocios, señalaron que en “principio” no se estaría evaluando ninguna medida, sino que la idea es seguir “garantizando el cuidado, no solo de todo el sistema educativo, sino también de las personas para no enroscarse en una disputa que fogoneada desde el macrismo, con la clara intención de "sacar rédito político".

Agregaron que tampoco creen que se avance por el lado “de la judialización” porque ya no hay más “instancias” a donde acudir.

En ese contexto, desde la cartera de Justicia tienen en mente avanzar, en el mediano o corto plazo, con la Ley de Reforma Orgánica del Ministerio Publico Fiscal, lo que aseguran, están “muy cerca de conseguir”.

En esa dirección y al referirse al Procurador Casal que fue el autor del dictamen en que se apoyó la Corte para decir su fallo, señalaron que apuntarán a salir "de una anomalía institucional" en un organismo donde valúan que hay mucha “opacidad” a raíz de lo que consideran como el “interinato más largo de la historia”.

Para ello, el ministro Soria viene trabajando en lograr un amplio consenso político para sancionar "una ley que permita elegir un procurador como manda la norma", lo que consideran, será un primer paso hacia la consolidación de la institucionalización.

En esa línea, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue quien mejor graficó la situación, al sostener que la Corte “en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina”, decidió “que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”.

“Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”, remató la titular del Senado de la Nación.