Mientras que en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, anunciaban que pedirán la pena de 12 años de prisión y la "inhabilitación perpetua" de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos bajo el argumento de liderar una "asociación ilícita", tanto el Presidente Alberto Fernández, como el Gobierno nacional y la plana mayor del Frente de Todos y de la CGT, salieron a denunciar un intento de "proscripción" y una "persecución política y judicial" en contra de la vicepresidenta.

"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", señaló el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, y agregó: "Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina".

En tanto que a través de un comunicado de la Presidencia, el Gobierno nacional salió a condenar "la persecución judicial y mediática" contra Cristina "que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad".

"Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno", señala en otro tramo el documento.

El Ejecutivo nacional reiteró "su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas".

Finalmente, expresó "su solidaridad" con la líder de la coalición gobarnante, "frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos".

Ministros y funcionarios denuncian intento de proscripción

Por su parte y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, advirtió que "los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas", sobre las que aseguró que "no tienen ninguna", al tiempo que señaló que la causa judicial "solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina".

"En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos", pidió el titular de la cartera del Interior.

En tanto que el canciller Santiago Cafiero, mediante la misma red social, consideró que "quieren proscribir" a Cristina y aseguró, que "la extrema derecha en América Latina es antidemocrática".

En esa dirección, el funcionario nacional, alineado en el albertismo, atribuyó además las duras acusaciones de los fiscales Luciani y Mola, "al avance de los gobiernos derechistas en el continente. 

"Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva", ejemplificó el canciller, y remató: "Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos".

Por su parte, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que la sociedad será "testigo" de "una etapa más del disparate jurídico y la campaña de persecución política judicial" contra la líder del Frente de Todos.

"Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo", indicó Rossi desde las redes sociales.

Mientras que el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, a través de un tuit expresó que "no existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina Fernández de Kirchner adjudicando la realización de obra pública al señor Lázaro Báez". 

En esa dirección, el hombre del círculo íntimo del presidente Fernández, aseguró que "sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia". 

Gobernadores y la CGT en apoyo de Cristina 

También los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Ricardo Quintela (La Rioja), así como la Confederación General del Trabajo (CGT), salieron a respaldar a la vicepresidenta y a denunciar el lawfare.

El mandatario bonaerense pidió que se termine con "la persecución" en contra de la titular de la Cámara alta: "Basta de persecución. Basta de 'lawfare'. Todos con Cristina", exigió desde las redes sociales.

A su turno, la santacruceña Kirchner señaló que "una parte del poder judicial quiere proscribir a @CFKArgentina, como lo hicieron con Lula y otros", indicó que "arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino" y exigió "el fin de la persecución".

Mientras que el riojano Quintela dijo que "sin lugar a dudas" el escenario recreado "por el lawfare en torno a la figura de Cristina Kirchner tiene un solo objetivo, la proscripción" y subrayó que la Justicia "asumió" un papel junto a "poderes mediáticos y económicos" para "desestabilizar" los liderazgos populares y sus gobiernos.

 Luego, y bajo el hashtag "#TodosConCristina", el Gobernador le expresó su "solidaridad" a Cristina y el "acompañamiento del Pueblo Riojano" ante la "persecución" por parte de una Justicia "dominada por intereses corporativas y centralistas".

"Cuente con este Gobernador peronista y militante federal que siempre estará dispuesto a dar batalla contra quienes hostigándola pretenden poner de rodillas al Movimiento Nacional popular", indicó Quintela.

En tanto que a través de un comunicado que lleva las firmas de los integrantes de su Consejo Directivo Nacional, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, la CGT afirmó que "un gobierno nacional democráticamente electo no puede considerarse una asociación ilícita".

En esa línea, la dirigencia sindical rechazó "la absurda calificación jurídica acusatoria" impulsada por la fiscalía en contra de la expresidenta "en ejercicio de un mandato constitucional", y advirtieron que "no hay una sola prueba material" que relacione a Cristina "con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito".

"El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el Peronismo", evaluó la central gremial en el documento, en el que dijeron esperar "que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación".

Diputados y senadores: "buscan condicionar a la vicepresidenta" 

Al mismo tiempo, el bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, a través de comunicado, expresaron su "solidaridad con la compañera vicepresidenta" y repudiaron "toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales".

"La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución", expresaron los legisladores, quienes aseguraron que el objetivo es "condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina".  

Finalmente, la bancada de senadores del oficialismo aseguró que existe una "persecución política" contra la Vicepresidenta que proviene de "una parte de la Justicia", en complicidad "con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares".

"Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa", precisaron.