A pocas horas del 27 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador del Estado, el Gobierno publicó un decreto que elimina esa jornada no laborable para los empleados públicos nacionales. La medida se inscribe en una serie de decisiones de tinte regresivo en materia de derechos laborales, enmarcadas en la reforma integral que promueve el oficialismo. Esta avanzada incluye proyectos para modificar el régimen de indemnizaciones, facilitar contrataciones precarias y reducir los márgenes de negociación colectiva. En ese contexto, las representaciones gremiales reaccionaron con dureza contra la disposición firmada por Javier Milei, a la que calificaron de “provocadora, arbitraria e ilegal”.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) repudió el anuncio y anticipó que acudirá a la Justicia. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llamó a tomarse el día como cada año, sin acatar lo que definió como “un decreto ilegítimo del Gobierno”.

En efecto, luego de la eliminación del feriado, UPCN, liderada por el también adjunto de la CGT Andrés Rodríguez, adelantó que iniciará acciones judiciales una vez que se publique la decisión en el Boletín Oficial, y se reservó el derecho a llevar adelante medidas de fuerza.

La organización encuadró el decreto como “otra arbitrariedad en desmedro de los trabajadores públicos nacionales” y manifestó, a través de un comunicado, su “enérgico repudio” al DNU en cuestión.

“No hay ninguna necesidad ni tampoco urgencia que justifique el uso de un decreto para barrer con un derecho establecido por ley”. Esa organización gremial señaló un nuevo caso donde el gobierno de La Libertad Avanza deja en claro “su desprecio por el Estado y por quienes todos los días lo hacemos funcionar”. Rodríguez, uno de los cegetistas del núcleo dominante y dialoguista de la central obrera, viene apuntando contra las políticas libertarias con tono crítico; en esta ocasión, no consideró la medida como un hecho aislado, sino como parte de “una política sistemática que busca achicar el Estado, desmantelar lo público y desprestigiar a sus trabajadoras y trabajadores, instalando que el Estado sobra y quienes lo integramos somos vistos como un estorbo”.
“No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos sin responder; el Gobierno pretende invisibilizarnos, borrarnos de la agenda, reducirnos a un número”.

En esos términos consideraron que el DNU no sólo es una medida arbitraria, sino también “ilegal y provocadora”. Con la misma estrategia que la CGT activó contra otros decretos lesivos para la actividad sindical, UPCN emprenderá la vía judicial y aguarda la publicación del decreto en el Boletín Oficial “para desplegar todas las herramientas gremiales que estén a nuestro alcance”.

Vale acotar que otras actividades, tanto privadas como públicas, tienen su propia jornada no laborable, como los ferroviarios (1 de marzo), alimentación (10 de marzo), gastronómicos (2 de agosto), sanidad (21 de septiembre), comercio (26 de septiembre), bancarios (6 de noviembre), petroleros (13 de diciembre) y camioneros (15 de diciembre), entre otros.

Con una dinámica diferente a la de sus pares de UPCN, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) condenó el DNU horas después de haber marchado al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, integrando la primera línea del Frente Sindical de Lucha, donde confluyen gremios de distintas actividades.

“Es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota la impotencia; nos quieren castigar porque los estatales hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, le dijo a BAE Negocios el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

“La ignorancia de este Gobierno es infinita. El Día del Trabajador del Estado forma parte de una lucha continental. Se celebra el 27 de junio porque fue el día en que la OIT sancionó el convenio que impulsa las negociaciones colectivas en el sector público”, explicó.

Respecto del contenido del decreto que elimina esa jornada para los estatales, Aguiar consideró que “solo desde el odio se explica que el resto de las actividades laborales tenga su día no laborable. Nuestro día es un derecho que el Congreso estableció por ley, y solo el Congreso puede derogarlo”.

Sin descartar la posibilidad de un paro, el dirigente apeló a todos los gobernadores e intendentes para que ratifiquen esta jornada como no laborable en sus jurisdicciones. “Tiene que quedar claro que, si prospera el ataque del Gobierno, solo es comprensivo de la Administración Pública Nacional. En las provincias y los municipios, el asueto se mantiene inalterable”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.