La declamación sobre la modernización de los convenios colectivos, el banco de horas, un capítulo siempre en marquesina como los juicios laborales, el registro digital de trabajadores y trabajadoras, y la libertad para los contratos de labor, son algunos tópicos de la reforma que la gestión libertaria presenta como meta potenciada.
Durante la reciente presentación del “Plan Argentina Grande Otra Vez” en la fábrica de Sidersa, el presidente Javier Milei anunció una reforma laboral integral destinada —según sus palabras— a brindar previsibilidad a las empresas y fomentar la contratación formal.

Desde diciembre de 2023, las modificaciones legales y las promesas de certidumbre para los empleadores se repiten como argumento central. Sin embargo, la realidad del mercado laboral —dividido en partes iguales entre empleo registrado e informal— constituye el escenario que los sindicatos y los abogados laboralistas utilizan para refutar las afirmaciones oficiales.

Estos sectores sostienen que la pérdida de empleo y la precarización no se originan en los juicios o en los convenios, sino en el propio modelo económico impulsado por La Libertad Avanza.
Milei, anticipando los pasos que seguirá su gestión, aseguró en Siderca que logró “un año y medio de estabilización macroeconómica” y auguró que la reforma laboral busca dinamizar la microeconomía, beneficiando a más de medio millón de pymes, grandes empresas y trabajadores —incluidos autónomos e informales— mediante la creación de “cientos de miles de empleos formales”.

“Venimos de 15 años de destrucción del empleo por malas políticas”, expresó, para luego afirmar que la incertidumbre macroeconómica y la litigiosidad laboral frenaron la generación de trabajo registrado privado.
El presidente subrayó que las pymes, responsables del 70% del empleo nacional, necesitan un marco jurídico claro, simple y predecible. “No hay nada mejor para un trabajador que una empresa, y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador”, dijo, destacando los beneficios para los jóvenes —quienes representan el 50% de la fuerza laboral menor de 35 años—.
Según Milei, la reforma pondrá fin a la “industria del juicio”, que incrementa la informalidad y los costos laborales, permitiendo que la mayor demanda de empleo eleve los salarios.

Los ejes de mi carreta/motosierra

Las bases de la estrategia gubernamental se sustentan en los siguientes puntos:
Modernización de convenios colectivos: se impulsarán negociaciones actualizadas para adaptar los convenios a las nuevas necesidades productivas y se promoverán acuerdos flexibles entre empleadores y sindicatos, priorizando la creación de empleo y el aumento salarial.

Banco de horas laborales: se implementará un sistema de compensación de jornadas variables que atienda demandas estacionales o temporales, buscando equilibrar productividad y bienestar del trabajador.
Eliminación de la industria del juicio: se limitará la discrecionalidad de los jueces laborales y se reducirán las tasas de interés en las sentencias, con el argumento de desalentar a los “caranchos laboralistas” que —según el discurso oficial— perjudican a las pymes y fomentan el desempleo.

Digitalización de procesos registrales: se prevé la simplificación de trámites mediante plataformas digitales, eliminando la necesidad de intermediarios contables o jurídicos para registrar empresas o empleos, lo que reduciría costos y tiempos.
Libertad en los contratos laborales: se habilitará la posibilidad de pactar contratos en cualquier moneda —incluido el dólar— sin los topes vigentes, ofreciendo mayor flexibilidad y supuesta seguridad para ambas partes.

Las penas son de nosotros, pero el arriero va

En la vereda opuesta, referentes gremiales, laborales y políticos alertan sobre un retroceso en derechos adquiridos. El candidato a legislador por Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó la CGT este lunes junto a otros integrantes de su espacio y cuestionó con dureza la reforma: “La Argentina necesita una reforma laboral, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe”.
Semanas atrás, el II Encuentro Nacional de la Abogacía Laboral y Gremial, realizado en La Falda, provincia de Córdoba, bajo el lema “Ante la degradación de la Justicia Social: defensa activa del Derecho del Trabajo”, reunió a profesionales y dirigentes sindicales para debatir el alcance real del proyecto oficial.

El encuentro funcionó como una suerte de contracumbre jurídica y gremial ante la iniciativa del Gobierno.
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina, Matías Cremonte, sostuvo que “con la excusa de una modernización del derecho laboral del siglo XXI, se retrocede al siglo XIX, avanzando en la precariedad, la miseria y la superexplotación de las personas trabajadoras, mientras crece la rentabilidad del capital y la desigualdad social”.

Por su parte, el abogado y docente Mario Luis Gambacorta advirtió que la reforma “se apoya en una desconfiguración institucional que vacía de contenido los principios protectores del derecho del trabajo”, lo que a su entender “profundizará la informalidad y el desequilibrio entre capital y trabajo”.
En medio del debate, la reforma libertaria vuelve a poner en el centro la disputa histórica entre la flexibilización del empleo y la protección del trabajo como derecho social.
Dos miradas de país, dos proyectos en pugna por definir el futuro del trabajo argentino.