El artículo 3 del proyecto de la Ley Ómnibus incomoda a varios legisladores opositores, incluso a aquellos que están decididos a aprobarlo en la sesión que comenzará este lunes en la Cámara de Diputados. A ese nivel llegan las dudas sobre la redacción del texto que habilita al Ejecutivo nacional a eliminar, fusionar o escindir organismos de la administración central o descentralizada. Apenas un puñado de más de una docena, entre los que está el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedó exento en parte de correr esa suerte. 

La discusión se centró en las últimas horas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y tomó más fuerza aún luego de que desde el Comité Nacional de la UCR expresaron su preocupación a través de un comunicado porque en el artículo 3 no se explicita qué podría suceder con ese organismo, creado en el gobierno de Raúl Alfonsín para identificar a los niños secuestrados durante la dictadura cívico-militar. 

La advertencia del radicalismo surge debido a que el BNDG es uno de los tantos organismos que no estuvieron sobre la mesa en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición al momento de reescribir el apartado que le otorga a la Casa Rosada el poder para disponer a su antojo sobre el futuro de decenas de dependencias del Estado.  

El bloque radical, que conduce Rodrigo De Loredo, y el de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, buscaron consensuar con el gobierno de Javier Milei al menos un grupo de organismos que quedara a resguardo de ser eliminado. En esa lista, además del CONICET y el ANMAT, figuran como exceptuados la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).    

Si bien, como dice el texto del proyecto, el "Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución" de estos organismos, no se especifica nada sobre si pueden ser reorganizados, fusionados o transferidos a las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, algo que sí le cabe al resto que no integra el listado de los "salvados", tal como señala un diputado opositor. Tampoco hay aclaración alguna sobre si pueden ser modificadas o eliminadas sus competencias o funciones, ni si pueden ser cambiadas sus estructuras.  

Por fuera de los 13 organismos que no podrán ser eliminados, todos los demás estarían en condiciones de ser disueltos de manera total o parcial, fusionados o escindidos, si se aprueba el artículo 3 del proyecto de la Ley Ómnibus. Desde el Servicio Meteorológico Nacional hasta el Fondo Nacional de las Artes, la Superintendencia de Servicio de Salud, la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Federal de Inteligencia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Ballet Nacional y la Sindicatura General de la Nación, además de BNDG, entre otros.   

En el radicalismo y un sector de Hacemos Coalición Federal sujetaron su apoyo al artículo 3, siempre que La Libertad Avanza accediera a incluir un listado determinado de organismos, sin embargo sólo consiguieron que quede bajo ese paraguas un grupo reducido, que sólo estaría indemne de ser disuelto. Aún así, desde esos espacios prometieron votar a favor. 

Los diputados radicales que responden a Facundo Manes, así como los que se referencian en Martín Lousteau, les adelantaron a sus compañeros de bancada que no están dispuestos a respaldar ese apartado. Desde la presidencia de la bancada de la UCR, como mucho, analizan llevar adelante nuevas tratativas con el oficialismo para incorporar al BNDG.