La apelación de Argentina a una sentencia judicial de 16.100 millones de dólares sobre la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo el apoyo de cuatro países sudamericanos vecinos, incluido el gigante regional Brasil, con el argumento de que el fallo es “profundamente defectuoso” y los amenaza a todos.

Con los mismos argumentos que Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el Gobierno de Javier Milei sostuvo que el caso tiene que ser juzgado en el país y, el 23 de febrero, Argentina apeló la condena por la expropiación de YPF.

Ahora, Argentina sumó el apoyo de cuatro vecinos de importancia que se presentaron como "amicus curiae" en la Corte de Apelaciones de Manhattan, en Estados Unidos, para que el país no sea condenado a pagar 16.000 millones de dólares, suma que equivale al 45 por ciento del presupuesto anual de la nación para 2024, con el reclamo de soberanía jurídica como bandera.

Los apoyos que recibió Argentina por la condena por la expropiación de YPF

Brasil y Uruguay presentaron el pasado viernes un escrito llamado "amicus curiae" ante el tribunal federal de apelaciones de Nueva York, donde Argentina impugna la sentencia de septiembre dictada por la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska. Chile y Ecuador presentaron un escrito separado en el caso.

Según el Financial Times, Brasil y Uruguay remarcaron que "los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción".

En un escrito separado, abogados de Chile y Ecuador advirtieron que “la amenaza de sentencias cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses, basadas sólo en las conexiones más tenues con Estados Unidos” podría “enfriar la participación” de las corporaciones sudamericanas en los mercados de capital estadounidenses y “en la realización de comercio con empresas domiciliadas en Estados Unidos”.

La opinión del Gobierno de Estados Unidos

En su propio escrito ante la Corte Suprema sobre una impugnación previa al juicio del caso en 2019, el gobierno de EEUU, entonces dirigido por Donald Trump, escribió que el país tenía “un interés compensatorio en garantizar que los estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como empresas comerciales”. Los actores no gozan de inmunidad frente a demandas por violaciones de sus obligaciones comerciales”.

Señaló además que las acciones de YPF habían sido vendidas en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Argentina, condenada

A principios de este año, la jueza Loretta Preska de hecho negó un intento de Argentina de retrasar la ejecución de la sentencia. Los abogados de Argentina habían argumentado que el tribunal debería tener en cuenta las “espantosas circunstancias económicas del país, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de las líneas de crédito con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y la inflación que ahora se acerca al 200 por ciento”.

Desde entonces, las partes se han enfrentado por la divulgación de activos argentinos, y los abogados de los demandantes pidieron a Preska que obligue a presentar documentos que supuestamente revelarían la ubicación de fondos o propiedades que podrían ser incautados como parte de la sentencia.

La presentación de Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se suma a las presentaciones realizadas por algunas provincias productoras de hidrocarburos como Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego; el Colegio Público de abogados de CABA y ex jueces argentinos.