A solo dos días de que la Cámara de Casación Penal dicte el veredicto final en la denominada Causa Vialidad, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que “el miércoles veremos un verdadero escándalo jurídico: sin pruebas, sin delitos y con el único objetivo de ensuciar y perseguir" a la expresidenta.

Al encabezar en el Salón Dorado la habitual conferencia de prensa de la Gobernación de los días lunes, el mandatario provincial aseguró que “no es necesario esperar al miércoles para saber lo que va a suceder, ya que una vez más hubo medios de comunicación que brindaron todos los detalles del fallo”.

Kicillof advirtió que “se está inaugurando un nuevo género que podríamos llamar derecho–ficción", en los que "se sacan dictámenes a pesar de que no hay pruebas, no hay delitos en los expedientes y, aún si los hubiera, la acusada no tuvo siquiera la posibilidad material de cometerlos debido a la función administrativa que desempeñaba”. 

“El único motivo detrás de esto es impulsar una estrategia de disciplinamiento a través de un juicio falso y una condena ficticia" con las que buscan "ensuciar y perseguir políticamente a dirigentes del campo popular”, añadió el Gobernador, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Juan Martín Mena (Justicia) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

En esa línea, el bonaerense destacó que desde la provincia de Buenos Aires "queremos dejar expreso nuestro repudio ante lo que va a ocurrir el miércoles, que será además un golpe muy fuerte para la credibilidad de nuestras instituciones”.

“Expresamos nuevamente nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con Cristina, víctima una vez más de un proceso de persecución judicial y mediática”, remató Kicillof, quien de esa manera puso en pausa la interna por la que atraviesa el peronismo.

El próximo miércoles, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, deberá decidir si ratifican o no, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que hace dos años condenó a la exmandataria a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.