La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el "protocolo para el mantenimiento del orden público"anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirán la "derogación por vía judicial".

Se trata de un procedimiento acordado para asegurar la libre circulación en las calles frente a la realización de piquetes y manifestaciones. Para el organismo, "es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal".

Desde la APDH se analizó a través de un comunicado que "la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras".

Qué plantea el nuevo protocolo que lanzó Bullrich

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el denominado "protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Desde APDH, se evaluó que "el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar" y se apuntó que "la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo".

"La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo", se sostuvo.

Para la Asamblea, "la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso".

En ese marco, se consideró que el protocolo es "inconstitucional y rotundamente antidemocrático", y se aseguró que "la APDH rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar".

 

Una por una, las medidas de seguridad que anunció Patricia Bullrich

El ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei resolvió:

• Que las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir", expresó la ministra
• De acuerdo a los códigos procesales vigentes, presentarán una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal
• Las Fuerzas Provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, para poder complementarse de forma ordenada con las Fuerzas Federales, "para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren", expresó
• "No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal", dijo Bullrich. En esa línea, insistió en que se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación y que para llevar esto a cabo, las fuerzas aplicarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia"
• Serán identificados los autores, cómplices, e instigadores "de este tipo de delito", así como también los vehículos y sus conductores. Se va a proceder a "incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener", y tomarán en cuenta vigilar estaciones de tren para quienes intenten no ser reconocidos por las Fuerzas.
•  "Sea por un bloqueo, sea por gente que viene por un plan social, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa", todos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes, anunció.
• Daño ambiental: "algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, lo cual es muy dañino al ambiente y las personas alrededor", dijo, y confirmó que será una cuestión que se le va a avisar al juez competente para que lo tenga en consideración.
• Lo mismo sucederá con la presencia de niños y adolescentes. "Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar".
• "Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos", anunció
• Se va a crear un registro, además, de todas las organizaciones que participen de estos hechos, "y que sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones".
• Por último, anunció que deroga "el protocolo garantista" de Nilda Garré, un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad que se oficializó durante el kirchnerismo.