La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, encargada de llevar adelante la investigación del caso Edgardo Kueider, ordenó un allanamiento en el despacho del exfuncionario en el Senado, medida que fue solicitada al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala y que busca determinar la implicación del exfuncionario y sus allegados en manejos irregulares relacionados con sus empresas.

Así, en el marco de tres causas abiertas contra él, la Justicia analiza la posible existencia de testaferros, entre los que figuran los nombres de Iara Gilsen Costa, su secretaria privada; Rodolfo Daniel González, un empleado del Congreso y socio en la empresa Betail; y Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio en la misma firma. Estos vínculos están bajo la lupa por su potencial participación en actividades ilícitas. 

Además, se comenzó a indagar al hijo del empleado público, Iván Haidar Kueider, quien figura como socio junto a su padre en una empresa que ahora se encuentra en el centro de las sospechas y también a un contador de la familia qué habría realizado movimientos ilegales para él. 

La justicia sigue los pasos de Edgardo Kueider: allanamientos y más pistas 

La jueza Sandra Arroyo Salgado lleva adelante una investigación que se desprende de un expediente mayor sobre la firma Securitas, que supuestamente pagaba sobornos para conseguir contratos de seguridad. La conexión con Kueider surge por su cargo en Enersa, una empresa estatal de seguridad de Entre Ríos, donde se sospecha que hubo pagos ilícitos.

El caso sigue su curso con el foco en Edekom S.A., otra empresa que aparentemente no tiene actividad real, a pesar de su fundación en 2022. Por lo que se dice, la firma de consultoría tecnológica y publicidad sería solo un papel, sin operaciones ni balances claros, lo que genera dudas sobre su propósito y origen.

A su vez, su hijo, Iván Haidar, está en la mira de la Justicia, al investigarse si fue utilizado como una especie de testaferro para ocultar patrimonio familiar, ya que aunque se dedica al sector de la publicidad, su rol y los vínculos con su padre en la firma aún están siendo evaluados. 

Por su parte, un actor clave en esta trama es el contador José Carlos Nogueras, de quien se dice que aprobó balances irregulares en otra empresa de él. En una nota brindada por Salgado, en el que pedía por los allanamientos, aseguró que “dentro del mismo, podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen”.

De este modo, las autoridades allanaron su domicilio en busca de documentos cruciales para entender la compleja red de negocios que rodea al exsenador y su familia. Las inspecciones continuaron con intensidad en varios puntos vinculados al exsenador y sus asociados, entre las que se encontraban propiedades en Buenos Aires, Paraná y Concordia, incluidas oficinas, departamentos y hasta un fideicomiso que tiene conexiones con el caso Securitas.

El contexto de esta investigación se agrava por la situación judicial del funcionario, quien cumple prisión domiciliaria en Paraguay tras ser detenido con más de 200 mil dólares sin declarar. Su desafuero en la Cámara Alta es clave para avanzar en la causa por enriquecimiento ilícito que lleva la jueza Arroyo Salgado, quien ya solicitó allanar la oficina del exsenador tras su reciente expulsión del Senado, un paso decisivo en este complejo entramado judicial.