La convocatoria que tuvo su origen a través de las redes sociales mediante un llamamiento formulado por el juez nacional Juan María Ramos Padilla y que bajo la consigna "Basta de Impunidad", invita a concentrar el 1 de febrero próximo frente a la sede del Palacio de Tribunales para exigir "el fin del Lawfare" y el repudio "a una Corte Suprema mafiosa", con el correr de los días sigue sumando adeptos.

Así lo señalaron diferentes referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones de base a BAE Negocios, desde donde consideraron que su legitimidad y el crecimiento de la convocatoria, están dados en el hecho de que no hayan intencionalidades particulares o partidistas, más allá del reclamo por una justicia que responda a los verdaderos intereses del pueblo. 

"Está clarísimo que esta Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna legitimidad y que en realidad no viene dictando fallos jurídicos sino políticos en contra de este Gobierno y esta totalmente alineada con el macrismo", señalo el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, referente del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

El integrante de la Iglesia Católica recordó que "sin ir más lejos, dos de los cortesanos en su momento fueron ingresados por la ventana -aunque después se aclaró la cosa-,  gracias al consejo de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay" en el marco de la causa que investiga el accionar de la Mesa Judicial durante el Gobierno de Cambiemos.

"Con eso ya es suficiente como para pedir que renuncien" los integrantes de la máxima instancia de justicia del país señaló Oliveira, quién sin embargo reconoció que  "hoy no dan los números en el Congreso para pedir un juicio político para lograr sacarlos, pero ojalá se lo pudiera conseguir".

El sacerdote consideró que desde las organizaciones sociales y políticas se tiene que seguir "presionando en la calle porque esta no es la Corte que necesita nuestro país".

En tanto que para José Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, organismo que adhiere a la movilización, "la Corte es la cabeza  de una operación política de dominación que ejecutó el macrismo y que aún persiste" y además, "la responsable de la concentración de toda la corrupción y de la destrucción del estado de derecho; y en si misma, es la responsable de la perdida absoluta de la legitimidad del sistema judicial argentino".

"Nosotros creemos que justamente por ser la Corte la cabeza del sistema judicial, no hay posibilidad alguna de resolver los temas de la justicia y la única manera es con el pueblo en la calle, de igual modo que cuando enfrentamos el 2x1", advierte el dirigente humanitario, quién insiste en que "la marcha, es la única iniciativa jurídica que se nos ocurre para reclamar, y la repetiremos hasta que tenga éxito".

Sostuvo además que "a la derecha le gusta mucho hablar de demoras en la justicia, pero nosotros somos los que sufrimos esas demoras y pongo un ejemplo; en abril de 1976 se produjo el empalamiento" del adolescente "Floreal Avellaneda, y desde entonces, estos jueces de la Corte siguen amparando a los asesinos" de ese brutal crimen perpetrado durante la pasada dictadura militar. 

Schulman refiere que "el poder judicial es el más desprestigiado de todos y por ello creo que la medida adecuada es la de marchar y exigir la renuncia de estos jueces, porque están absolutamente desprestigiados", aunque indicó "que una parte de la sociedad los repudia exigiéndoles que sean más de derecha y desde este lado, nosotros los repudiamos por ser de derecha", al tiempo que se preguntó: "¿Quién va a defender a Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti?".

Por su parte, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, refiere que "la Corte y la justicia en general son una calamidad. Nunca tuvimos peor Corte Suprema que esta y me da vergüenza que en Argentina no se imparta justicia como tiene que ser, creo que hemos bajado de categoría en ese sentido, generando además, una pobre imagen de la justicia del país en el mundo entero".

Cortiñas afirma que le provoca "indignación" el hecho que "detenidos como Milagro Sala sigan en esta situación tan ofensiva para el pueblo" y considera que "la gente en la calle, a través de una movilización popular, puede lograr cambiar una situación como la que atravesamos, tal como sucedió hace poco tiempo en Chubut", donde el Gobierno de esa provincia, ante las movilizaciones populares, debió derogar la ley de minería que la Legislatura local había sancionado un puñado de días antes.

Por estas horas, varias son las organizaciones vienen ajustando los detalles de la marcha que el martes 1 de febrero a las 18 se concentrará frente al Palacio de Justicia y la cual esperan sea multitudinaria.

Entre ellas, figuran Justicia Legitima, la Asociación Americana de Juristas, el Grupo de Derechos humanos de Isla Maciel, la Federación Judicial Argentina -integrada por trabajadores de las justicias provinciales-, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Miles, así como un sinnúmero de organizaciones de base y personalidades de diferentes ámbitos.

Si bien ya están definidos el día y la hora de la concentración que advierten que "no es  impulsada por el Gobierno nacional", aún resta establecer sí durante el encuentro habrán oradores o por el contrario, se leerá un documento.

Lo cierto es que más allá de esta convocatoria que ya está en marcha, desde hace tiempo vienen lloviendo cuestionamientos desde diferentes sectores sobre el accionar del  máximo tribunal de justica de la Argentina y fue el propio presidente Alberto Fernández quién el lunes último puso el tema sobre el tapete.

En una entrevista concedida a la Radio 750, el mandatario aseguró que "hoy en día el funcionamiento" de ese tribunal "es un problema muy serio" y consideró que desde el momento en que en el Gobierno de Mauricio Macri "se propuso nombrar en comisión a dos jueces" de esa instancia, "empezó a degradarse su calidad".

El mandatario indicó también que "el servicio de justicia funciona mal, no para una ex Vicepresidente o un Presidente, sino para los ciudadanos" y añadió que "la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición" porque "cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", aunque se negó a dar precisiones en torno a si enviará al Parlamento algún proyecto de ley para la ampliación de la Corte: "Tiempo al tiempo" respondió Fernández quién dijo que están viendo ese tema.