Luego de que el Senado se rehusara a tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla ante la Corte Suprema, el Gobierno confirmó que los designará por decreto. A pesar de las advertencias de la oposición en el Congreso, el presidente Javier Milei llegó de Estados Unidos y convalidó la estrategia judicial, que se vería reflejada mañana en el Boletín Oficial, y quiere tenerlos sentados junto a él en la Asamblea Legislativa del sábado para la apertura de sesiones ordinarias.

"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", explicaron a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en referencia a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien este 2025 dejó otra vacante más tras el retiro de Elena Highton de Nolasco en 2021.

La decisión llega tras casi un año de demoras en la Cámara alta, en donde avecinan una batalla institucional entre los tres poderes. “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, recriminó el anuncio: en Balcarce 50 interpretan que los votos para aprobar el pliego del juez federal estaban, solo que ningún senador quiso “exponerse”. Apuestan a que, en ese sentido, si no se animaron a aprobarlo tampoco avanzarán con un eventual rechazo, algo que la tropa de José Mayans (Unión por la Patria) ya avisó que haría si procedían con la designación por decreto.

“La Corte va a ser acusada de ser ilegal”, le advirtió a BAE Negocios una experimentada senadora al tanto del plan del Ejecutivo. “¿Cuán firmes serán los fallos de una Corte que el Senado rechazó? ¿Quién dirime ese conflicto entre los dos poderes? La misma Corte. De avanzar así, van a dejar a la Argentina en una terrible crisis de sus instituciones”, analizó. En esa misma línea piensan en el peronismo: “Acordate que (el presidente de la Corte Suprema, Horacio) Rosatti no les va a tomar juramento”, dijeron desde la bancada de Mayans.

Los antecedentes no dan lugar a otra interpretación. El último presidente que intentó imponer a jueces por decreto fue Mauricio Macri en 2015: en ese entonces Ricardo Lorenzetti, quien hoy es el único defensor de los candidatos de Javier Milei, rechazó que el expresidente designe en comisión a Rosatti y a Carlos Rosenkrantz y luego fueron aprobados por el Senado.

La Constitución le otorga la facultad al Presidente de poder designar por decreto a los jueces si el Senado, quien tiene la facultad última de aprobar o rechazar a los jueces, está en receso. En Casa Rosada vienen cocinando los decretos desde hace meses pero llamaron a sesiones extraordinarias hasta el 21 de febrero, justamente, para tener una semana hasta el comienzo de las ordinarias por si no conseguían que la Cámara los apruebe.

José Mayans le advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que los jueces designados por decreto serán rechazados

Fue la última oportunidad que le dieron al Senado y el mensaje fue claro: incluso amagaron con resignar a los candidatos y dejaron trascender otros nombres que tenían en carpeta para presionar a que lo traten el viernes pasado -finalmente, nunca se convocó porque no iba a tener quórum-. Lo cierto es que el peronismo, quien debía aportar un buen número de su continente de 34 para llegar a los dos tercios, no creía que el Gobierno fuera realmente capaz de avanzar con los decretos. “No lo van a hacer, saben que acá los rechazamos”, decía confiado un allegado peronista en el Senado, la semana pasada.

Por debajo del revoleo de nombres, un funcionario al tanto de la estrategia judicial le confió a este medio que en realidad el plan de ir con Ariel Lijo y García Mansilla seguía siendo “lo más probable” solo que estaban esperando el retorno del Presidente para ratificarlo y, mientras, probarían si el Senado finalmente daba el paso para aprobar aunque sea al juez federal -García Mansilla nunca reunió ni las firmas para el dictamen-. Así fue: el jefe de Estado llegó el domingo de los Estados Unidos, hoy reunió a su Gabinete a la mañana, se fue recién a las 16 de Casa Rosada y a la hora salió el comunicado.

Un operador allegado a la mesa chica Presidencial ya había anticipado hace semanas que visualizaban a ambos candidatos sentados junto al resto de los magistrados del máximo Tribunal en el Congreso este sábado, cuando Milei dé el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Será en medio de un clima de máxima tensión con el parlamento por el caso $libra y los reclamos por el Presupuesto 2025: ahora se sumará, también, las objeciones por los nombramientos en comisión. Según fuentes de Casa Rosada, los dos flamantes jueces de la Corte serán invitados. El interbloque de Unión por la Patria que comanda Mayans ya anticipó que no asistirá.

A la “crisis” que avecinan en el Senado, se suma la posibilidad de negociar la ampliación de la Corte Suprema. El objetivo del Gobierno será que en la Cámara alta no reúnan los votos para rechazar los pliegos: si bien las designaciones por decreto no pueden ser volteadas y como máximo perdurarán un año en comisión -en 2026 deberán volver a ser revisados-, tener a una Corte funcionando con miembros desautorizados por el Senado puede ser un escándalo que quieran ahorrarse.

Lo que pedía Unión por la Patria era tratar un proyecto para ampliar la Corte y, así, designar a la juez que proponían en lugar de Manuel García Mansilla: María de los Ángeles Sacnun-. También se ponen en juego un puñado de vacantes de la Justicia Federal y el Procurador General: en Casa Rosada estaban dispuestos a negociar todo “a posteriori” de tener asegurados los dos pliegos.

Si bien la aplicación de la Corte Suprema no está en agenda, según confirmaron en Casa Rosada, “si alguien lo pone sobre la mesa, lo discutiremos”, aseguraron.