Mujeres agrupadas en la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron en Plaza de Mayo, un “juicio popular” simbólico en rechazo al gobierno de Javier Milei y a todo su Gabinete, por “asociación ilícita en perjuicio del pueblo”, “aumento del hambre y la violencia, agravado en el caso de mujeres y niños”, cuyo veredicto final los encontró “culpables” por “la venta y la entrega de la patria” y se los condenó a restituir las políticas que apuntan a reducir la brecha de la desigualdad social.

La actividad, que tuvo lugar ayer y se desarrolló en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, tuvo como detonante el que “ocho jueces de la justicia argentina” dictaran que el Gobierno Nacional “debe restituir la política alimentaria”, pese a lo cual, eso no sucedió.

“Con  esta actividad, buscamos visibilizar que en las organizaciones populares la mayor cantidad de trabajadoras son mujeres, las que en el contexto de las políticas que viene aplicando Milei, implica violencia contra ellas y las identidades diversas”, señaló a BAE Negocios, la Secretaria Adjunta de la UTEP, Johana Duarte.

En esa dirección, afirmó que el Gobierno libertario ha desarticulado y desfinanciado las políticas destinadas a reducir las brechas en materia de desigualdad laboral, de abordaje en casos de abusos -sobre todo en la infancia-, la cuestión alimentaria, temas que advierten, están íntimamente ligados al ataque contra las mujeres.

La performance que llevaron a cabo, según señala Duarte, apuntó “a poner también en discusión cual es el rol de todas esas trabajadoras que se ven afectadas” por los ajustes llevados a cabo por Milei, las que “existen y están en las diferentes ramas de la economía popular”, más allá de la enorme estigmatización que ha hecho el Gobierno en torno a las organizaciones territoriales.  

Las encargadas de formular las acusaciones contra el presidente y sus ministros Luis Caputo (Economía), Patricia (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano), entre otros, fueron mujeres que integran el colectivo de cartoneras, de la agricultura familiar, campesinas y las trabajadoras socio-comunitarias que se desempeñan en comedores y merenderos de los barrios más humildes y obreras textiles.

Durante el juicio, se puso de relevancia que las políticas aplicadas por el Gobierno libertario aumentaron la violencia en la vida de las mujeres más pobres del país en diferentes aspectos, y también se refirieron a cómo las medidas económicas vienen impactando "en las cifras de femicidios y violencia de género” en los barrios populares.

Pero también, dieron cuenta que al desaparecer las políticas de Estado en el territorio, los niños y jóvenes que afrontan el consumo de drogas hoy están en una situación muy compleja, igual es el caso de las trabajadoras textiles, por ejemplo, las que al abrirse las importaciones no encuentran trabajo y las personas que ante la agobiante situación económica, carecen de la posibilidad de acceder a un plato de comida o a medicamentos, entre otras cuestiones de extrema gravedad.

“Nosotras venimos denunciando que este plan económico nos está llevando a un genocidio social por goteo”, porque al no existir una red de contención, el Gobierno "ha dejado liberado el territorio para que avancen las narco estructuras, lo que asegura lo ven diariamente en los barrios.

 El tribunal popular entendió que el presidente y su gabinete “son los responsables del plan económico” de ajuste brutal contra los sectores más vulnerables y de "la entrega y la venta de la patria", ante lo cual los encontraron “culpables” y los condenaron a restituir “de manera inmediata y por sobre todo, las políticas alimentarias”. 

Mediante un comunicado, la organización señaló que “asistieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizaron cuatro filas contra el hambre en la puerta del Ministerio de Capital Humano” y hasta presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal de Pehuajó que ordenó “continuar con la política de integración socio - urbana de los barrios populares”, pese a lo cual, no obtuvieron respuestas.

"Este acto surgió del cansancio que tenemos las mujeres, sobre todo de la Economía Popular, por ser las principales perjudicadas y perseguidas por este Gobierno y no obtener nunca una respuesta”, señaló una de las integrantes de la UTEP.