El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió semanas atrás a Comodoro Py documentación que da cuenta de cómo actuó en la empresa brasileña Odebrecht en Argentina, solicitada por varios jueces que investigan la causa. La compañía está acusada de corrupción por posibles pagos de coimas para conseguir contratos de obra pública en Argentina durante los gobiernos kirchneristas.

El documento es la respuesta a tres requisitorias que envió la justicia argentina a los Estados Unidos, y forma parte del acuerdo que Odebrecht realizó con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que fue convalidado por el Departamento de Justicia norteamericano. Así lo dio a conocer Infobae, que accedió al informe.

El informe se relaciona con el acuerdo que la empresa firmó en 2016 y por el que reconoció el pago de 788 millones de dólares en coimas para llevar a cabo más de 100 negocios de obra pública en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. En el mismo acuerdo, se indica que la compañía se comprometió a pagar 2600 millones de dólares de multa y que entre 2007 y 2014 dio sobornos por 35 millones de dólares a distintos funcionarios públicos.

La información que llegó a la Argentina sobre Odebrecht fue enviada por el área de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que está a cargo de Vaughn A. Ary y lleva la firma de Angela S. George. La misma fue dirigida a Andrea Galdiz del Departamento de Cooperación Internacional Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Paso siguiente, el documento fue llevado a Comodoro Py, en donde lo recibió el juzgado de Sebastián Casanello, que con el fiscal Federico Delgado llevó adelante un expediente, elevado a juicio oral, en el que se investigaba el posible pago de coimas por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener una obra pública.

Contrato de asistencia técnica del consorcio de empresas por el Soterramiento: qué dice el documento

La acusación realizada por Delgado está vinculada a la construcción de una planta potabilizadora de AySA en el Paraná de las Palmas, en donde se acusó al ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, al ex funcionario Roberto Baratta, y a los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner. También a los funcionarios de AySA Caros Humberto Ben y Oscar Biancuzzo y a Jorge Rodríguez, un empresario que no aparece en el documento.

El demandante remitió el informe de inmediato al Tribunal Oral Federal 2 que tiene asignada la realización del juicio oral. El fiscal asegura que el informe de los Estados Unidos no cambia su hipótesis de acusación.

En esa línea, en las 267 páginas que tiene el reporte hay información sobre varios contratos relacionados con la construcción de la planta potabilizadora del Paraná de las Palmas, y aparecen diversas referencias a pagos realizados por Odebrecht desde cuentas en Suiza y una planilla de facturación de la empresa “Noronha International Consulting Eng. Services-Nices” en la que existen cinco menciones al mismo proyecto.

Al mismo tiempo, hay correos electrónicos que hablan de la construcción de gasoductos y de la obra llamada “Aguas del Paraná”.

A partir de la página 174, se pueden hallar elementos relacionados con la causa del Soterramiento del Sarmiento, donde se sospecha el pago y cobro de coimas que se investiga en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. En esta cuestión, las empresas involucradas son IECSA, COMSA, Ghella y Odebrecht. El caso de IECSA, se trata de una empresa que era de la familia Macri y fue adquirida por Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien está imputado en la investigación.

El primer documento vinculado al Soterramiento es un contrato entre las empresas que iban a hacer la obra, que jamás fue terminada, y una consultora con sede en España llamada DCS Control de Calidad, que fue contratada para realizar diversas tareas relacionadas al proyecto.

 

Para el fiscal de la causa, Franco Picardi, está probado que el grupo de compañías inventó contratos de consultoría con DSC para sacar de país el dinero destinado a las coimas que terminó en Uruguay, donde se estima que fue retirado en efectivo. En ese sentido, las defensas de los imputados niegan la falsedad del contrato.

Entre la documentación llegada desde Estados Unidos están las facturas emitidas por DSC para cobrar el servicio que le vendió al consorcio. Para el fiscal Picardi, esta maniobra fue una manera de generar dinero para pagar las coimas.

Mails

También sse pudieron encontrar mails entre personas no identificadas, pero relacionadas con Odebrecht, que hablan de un contrato inicial con DSC de 2 millones de dólares, y que podría llegar a los 10 millones, y cómo hacer llegar ese monto de dinero a Buenos Aires.

También hay intercambios por mail entre Ricardo Vieira, Luis Mameri, Pedro Novis (Odebrecht) y Henry Perret, del Grupo Roggio, donde Vieira pide conocer a Aldo Roggio ya que su empresa tiene la explotación del subte de Buenos Aires. El interés está relacionado con la obra del Soterramiento del Sarmiento.

Después de que el informe llegara a la justicia argentina, desde Comodoro Py se hizo trascender que a partir de la información se confirmó que Jorge Rodríguez había actuado como intermediario en el pago de coimas. La acusación de Delgado señala que la empresa Sabrimol Trading sería de él, siendo que niega de manera rotunda este hecho.

Su defensa se basa en un estudio presentado en junio pasado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJUDECO), que encabeza Juan Tomás Rodríguez Ponte, en una causa conexa con la de AySA, en la que se concluye: “Se informaron como beneficiarios finales e integrantes del órgano de administración a Martín Molinolo Menafra y Carlos Luís Dentone Loinaz”. 

También consta en el expediente que Molinolo y Dentone compartían la titularidad de una cuenta con Rodney de Carvalho, quien fuera director de Infraestructura en la sucursal argentina de Odebrecht.

Según el informe de la DAJUDECO, Rodríguez aparece como accionista en otras tres sociedades: Helicopter Corporation SA, Nelly Entertainment SA y 1823 Loft SA.