Después de casi 10 meses de que se suspendiera la quiebra de Correo Argentino por una apelación del Grupo Macri, la Justicia accedió a un pedido del Estado y ordenó seguir la investigación sobre una decisión del Poder Ejecutivo de 2018, en donde cerró el sumario administrativo por la quiebra del Correo Argentino.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, Pablo Cayssials, hizo lugar a la demanda iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se declare la nulidad de esa decisión. Así, el expresidente Mauricio Macri recibió un duro revés judicial en medio de su viaje al Mundial de Bridge en Italia.

El proceso estaba en suspenso desde julio de 2021, cuando la jueza en lo comercial Marta Cirulli concedió con "efecto suspensivo" la apelación presentada por la empresa de la familia Macri. "Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido", sostuvo la jueza en ese entonces. 

Dos días después, la Procuración del Tesoro de la Nacional, a cargo de Carlos Zannini, presentó un recurso ante la jueza para dejar sin efecto la suspensión. En el documento enviado, el Estado había solicitado continuar con el proceso de quiebra al considerar que la apelación no podía postergar la liquidación de una fallida. 

 

Cómo es la causa

El sitio Palabras del Derecho informó que la demanda buscaba lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y todos aquellos que pudieran tener responsabilidad administrativa, que en junio de 2016 aceptaron la oferta efectuada por la firma Correo Argentino S.A. por una deuda que la empresa mantenía con el Estado Nacional.

La causa fue iniciada originalmente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del Fiscal Sergio Rodríguez, requiriendo la nulidad el Decreto 907/2018 que, con firma de la entonces vicepresidenta en el ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frias, declaró clausurado el sumario administrativo, que había abierto su antecesor Carlos Balbín.

En esa decisión, la entonces vicepresidenta se declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno en relación con los hechos de la causa judicial de la quiebra del Correo Argentino.

Para el magistrado, durante la investigación del sumario administrativo contra los funcionarios investigados -Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottard- no se le permitió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la posibilidad de ofrecer y producir prueba, lo que configura "un abusivo comportamiento por parte de la Administración".

Por esos motivos, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, Pablo Cayssials, consideró que la violación al derecho de defensa que implicó dicho cercenamiento, implicó una afectación al "debido proceso adjetivo" que no puede remediarse en el ámbito judicial, motivo por el cual el magistrado se inclinó por declarar la nulidad del acto administrativo que cerró el sumario.