El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó una sanción contra diez barrabravas identificados en disturbios en la marcha de los jubilados del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. Las personas sancionadas no podrán ingresar a estadios por cuatro años.

El Gobierno porteño argumentó que esos individuos generaron conflictos y actos vandálicos, y por eso se les aplicó el derecho de admisión en eventos deportivos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la FIFA, la CONMEBOL y otras entidades.

Las sanciones se fundamentan en la Ley Nº 5.847 de seguridad en eventos futbolísticos, que permite aplicar restricciones preventivas para garantizar el orden público.

Si bien los sancionados no fueron detenidos, su identificación se logró gracias a las imágenes y registros recolectados por el área de Seguridad del Gobierno porteño. Tras su reconocimiento, fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos, lo que refuerza los controles para evitar su ingreso a las canchas.

 La medida busca evitar la presencia de violentos en los estadios

La decisión ya fue notificada a la AFA y a los organismos de seguridad, que deberán velar por su cumplimiento.

Con esta acción, el Gobierno de la Ciudad busca dar un paso firme en la lucha contra los grupos violentos y su influencia tanto en el fútbol como en el espacio público.

El 12 de marzo, la marcha en reclamo de un aumento para jubilados terminó con represión e incidentes en las inmediaciones del Congreso. La movilización dejó más de 100 detenidos y heridos, incluso uno de gravedad. En medio del operativo policial, el fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por una bala de goma en la cabeza y quedó en estado crítico. Ayer logró despertarse y los médicos evalúan retirarle el respirador. 

Una semana después, en la movilización del 19 de marzo, se realizó un operativo de seguridad conjunto entre Nación y Ciudad, aunque esta vez no se registraron incidentes de gravedad.

Dos días antes de la marcha por los jubilados que replicó esta semana en Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para los barrabravas de los clubes del fútbol argentino.

Desde el Gobierno están convencidos de que los barras participaron de la movilización. Sin embargo, no hubo ninguna prueba que lo demuestre. “Nadie me dio información de que había barra bravas”, dijo la jueza del caso, Karina Andrade, quien fue señalada como la responsable de liberarlos.

El proyecto busca declarar a las barras bravas como un tipo de asociación ilícita, para que sean consideradas como organizaciones criminales y, por lo tanto, endurecer las penas. El Gobierno espera establecer sentencias que van desde los dos a cuatro años de prisión para todas aquellas personas que transporten armas o vendan entradas de protocolo para los partidos.