El presidente Javier Milei firmó el veto al aumento de jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la extensión de la moratoria previsional. A través del decreto 534/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario puso la firma alegando que las condiciones en las que se aprobaron las leyes constituyeron “un ataque directo contra la Constitución”. 

 

Qué es el veto presidencial

El veto presidencial es una herramienta que tiene el presidente de la Nación para decir “no” a una ley que fue aprobada por el Congreso. Si el presidente vea un proyecto, este no puede convertirse en ley, al menos por el momento.

Es a través de este instrumento que el jefe de Estado puede revisar y, si lo considera necesario, rechazar las decisiones del Poder Legislativo. Permite evaluar la conveniencia y oportunidad para sancionar leyes específicas en un momento determinado o que sean consideradas por el mandatario como perjudiciales para la Nación.

Cómo se aplica el veto

El presidente tiene 10 días hábiles para vetar el proyecto. Este plazo empieza a correr desde el momento en el que el Congreso le comunica oficialmente la aprobación de la iniciativa. Si el jefe de Estado no dice nada en esos 10 días, el proyecto se considera automáticamente aprobado y se convierte en ley. El veto debe ser expreso. Es decir, se debe comunicar claramente a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, argumentando las razones, con firma incluida. 

Tipos de veto

• Veto total: se rechaza todo el proyecto de ley.
• Veto parcial: se rechazan solo algunas partes del documento, siempre y cuando las partes no vetadas puedan funcionar solas y no cambien el espíritu de la ley original. 

Un ejemplo de veto total fue el caso del financiamiento universitario, cuando el Congreso autorizó el aumento del presupuesto en todas las universidades nacionales, pero Javier Milei rechazó la iniciativa.

 

¿Se puede revertir el veto presidencial?

Una vez tomada la decisión de vetar total o parcialmente el proyecto, se devuelve con sus objeciones a la cámara de origen del Congreso. En el caso de las jubilaciones, a Diputados, que fue la cámara que le dio media sanción que habilitó el tratamiento en Senadores.

La cámara debe discutir nuevamente el proyecto de ley junto con los argumentos del presidente. Para anular el veto, ambas cámaras (la de origen y la revisora, en este caso, el Senado) deben votar nuevamente el proyecto.

Si se logra la mayoría de dos tercios en ambas cámaras, el veto presidencial queda anulado y el proyecto original se convierte en ley. De suceder, el presidente está obligado a promulgarlo y no puede volver a vetarlo: la ley se publica en el Boletín Oficial y es válida. En caso de no lograr la mayoría de los dos tercios, el veto se mantiene y el proyecto no puede ser tratado hasta el año siguiente.

El problema es que conseguir esos dos tercios en ambas cámaras no es fácil. Se necesita que muchos legisladores de distintos partidos se pongan de acuerdo, algo poco habitual en la práctica política argentina. Por eso, aunque el Congreso tiene la herramienta legal para insistir, casi nunca la usa. Además, si una de las cámaras no alcanza los dos tercios, el proyecto queda archivado y no se puede volver a tratar ese año.

Desde el regreso de la democracia, solo en 36 ocasiones el Congreso logró convertir en ley un proyecto que había sido vetado. Por ejemplo, Alfonsín vetó 49 leyes y solo una fue ratificada por el Congreso. Menem vetó 195 y el Congreso insistió con 30. De la Rúa tuvo 5 insistencias sobre 46 vetos. En cambio, ninguno de los vetos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner o Mauricio Macri fue revertido. La clave está en los números: sin una mayoría calificada, el veto presidencial es definitivo.