El Senado continuó debatiendo este lunes el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones y mientras exponen los primeros 46 oradores, el oficialismo evalúa qué modificaciones conviene dar lugar para conseguir las firmas que faltan. El objetivo de llevar el proyecto al recinto está obstaculizado por infinitos reclamos, pero los ejes principales son sobre el RIGI, Ganancias y Blanqueo.

Las negociaciones siguen trabadas, según pudo saber BAE Negocios tanto de fuentes parlamentarias como gubernamentales. Si bien hasta último momento el oficialismo estaba empecinado con que iban a reunir las voluntades necesarias para dictaminar con disidencias, finalmente los "dialoguistas" con los que contaban para que firmen terminaron imponiendo sus "pero" como condicionantes.

Se tratan del trío de Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco de la UCR -los únicos de su espacio que siguen reacios al proyecto-, Guadalupe Tagliaferri, larretista del PRO que se adhiere a la mayoría de los reclamos de los primeros -también en distanciamiento con el resto de su partido-, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider, peronista disidente de UP.

"Mañana tendremos un poroteo más claro", dijo un senador aliado, principal crítico de las modificaciones que proponen los radicales, en diálogo con este medio. Todavía prima la incertidumbre en el ambiente y nadie se anima a conjeturar cuándo es que tendrán las adhesiones para firmar. Por lo pronto, planean continuar reuniéndose con los dialoguistas para terminar de discutir los reclamos.

Este jueves 16 parece ser el tiempo límite para tejer los acuerdos, pero ya no hay apuro para sancionar el proyecto: el Pacto de Mayo será sin la ley aprobada, reconocen del Gobierno. Ahora el plan es que el acto con los gobernadores sea con la luz verde del Senado y que Diputados lo ratifique después del 25: para eso deben conseguir dictaminar esta semana.

"Si continúan con este formato, estoy absolutamente convencido de que no van a tener dictamen tampoco esta semana", le había dicho Abad el domingo a la prensa. El punto es imponer sus "correcciones" y que se tomen el tiempo de revisar sus cuestionamientos, pero de Rosada no están tan flexibles como esperaban: ¿cuáles son los cambios que plantean?

Las objeciones que acercaron los senadores la semana pasada con los funcionarios que asistieron al plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda dejaron en evidencia que la redacción del proyecto confundía hasta a los mismos funcionarios. "Es poco feliz", admitió el secretario de Hacienda Eduardo Rodríguez Chirrillo.

En esa línea, el ministro del Interior Guillermo Francos, quien se reunió el viernes pasado mano a mano con Lousteau, dijo que cualquier modificación que implique clarificar y mejorar las iniciativas será bienvenido, pero no prevén cambios sustanciales en el proyecto: lo cierto es que si dan lugar a algunas variaciones, corren riesgo de que se acumulen cada vez más condiciones.

Luego del encuentro con el ministro, el presidente de la UCR subió una serie de videos a redes sociales con los puntos que, según él, "tienen" que estar en la Ley. Una particularidad es que mencionó un punteo de temáticas que no están contempladas en el proyecto, como la recomposición de las jubilaciones -que está debatiendo la comisión de Presupuesto en Diputados en un proyecto aparte que ideó la oposición para modificar la fórmula jubilatoria-, y el aumento de fondos universitarios -también presentado en otro proyecto en Diputados por UP-.

"No se van a incorporar los temas que pidió Lousteau que están fuera de la ley", dijeron del entorno de Francos. En ese sentido, los reclamos que podrán penetrar se limitarán a perfeccionar los ejes centrales y no se saldrán de la esencia del proyecto. En cualquier caso, Diputados puede deshacer, por la misma mayoría, las alteraciones que envíe la Cámara alta.

Dentro de las "aclaraciones" que pueden incorporar, según reconocieron los funcionarios, está el reclamo de Lousteau y Tagliaferri sobre el apartado de Blanqueo de Capitales, que establece una alícuota 0 para los que declaren hasta 100.000 dólares. "Estamos permitiendo que alguien que blanqueó hace tres años lo pueda hacer nuevamente, están permitiendo que testaferros blanqueen", subrayó la senadora, cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el presidente de la UCR sumó que, como está redactado, pueden blanquear hermanos de funcionarios. El Gobierno podría precisar en el proyecto, entonces, que los que ya blanquearon no puedan volver a hacerlo y que se inhabilite el blanqueo de hermanos de funcionarios. "Podemos aclarar el tema", asintió el secretario de Hacienda Carlos Guberman. Ambos senadores se mostraron satisfechos.

Lousteau, Kueider y Tagliaferri, además, presentaron críticas del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Esta normativa recobró protagonismo en el Senado, mientras que pasó como agua por Diputados, y es uno de los títulos prioritarios para el Gobierno, con una amplia lista de espera de inversores extranjeros que no pondrán un dólar en el país sin un cambio en la legislación fiscal y aduanera.

Los artículos golpeados fueron el 191, que le da prioridad a las empresas que usen insumos como agua o gas por encima de la población -punto que Chirillo admitió no haber leído-, y el 162, que afecta las autonomías provinciales. Fue entonces cuando el funcionario acompañó el reclamo de que la redacción era confusa. "Yo no sé si los gobernadores saben si con el RIGI están firmando esto", levantó la ceja Lousteau. Si bien no aceptaron cambiarlo, admitieron sus observaciones. Además, pidieron incorporar a las pymes dentro del régimen para igualar la competencia con las empresas extranjeras.

Sobre Ganancias, el tercer tema más susceptible y discutido entre los mandatarios, algunos senadores de LLA reconocieron como posible elevar el piso de la cuarta categoría del tributo de 1,8 millones a 2 millones de pesos, ante la negativa de los patagónicos. De Rosada no lo confirman.

Martín Lousteau (UCR) quiere revisar el RIGI

A estas tres temáticas en rojo se suman reclamos por privatizaciones: algunos senadores, especialmente Pablo Blanco, están forcejeando que Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional se excluyan de la lista de empresas. Lo mismo con el artículo 111 que incorporó el diputado Nicolás Massot (HCF), que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias, como la de los regímenes especiales que dispone Tierra del Fuego, con el objetivo de aumentar la recaudación.

"Seguramente acompañaré en términos generales, porque coincido con que hay que darle herramientas al gobierno. Pero hay disidencias particulares, como en estas dos cosas (privatizaciones y el artículo 111), en las que no voy a modificar mi postura, independientemente de cuál sea la determinación del bloque", anticipó el fueguino.

Se suman, además, Carmen Lucía Crexell, del monobloque Comunidad Neuquén, quien responde al gobernador Rolando Figueroa pero todavía se mantuvo escéptica, y salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, otro peronista disidente que está en el target del oficialismo. La eliminación de la moratoria previsional y el apartado de Energía se podrían sumar a la lista de reclamos.

A las negociaciones que encabeza José Rolandi, vicejefe de Gabinete, el miércoles también se acercará el ministro Nicolás Posse -jefe de Gabinete-, quien se pasará por el Congreso para presentar un informe de gestión. Todo indica que hasta entonces continuarán las discusiones, aunque mañana ya está prevista una cumbre con los jefes de bloque para que enumeren los cambios puntuales que proponen, con el plenario de comisiones que continuará a las 14.