El Gobierno vivió ayer una jornada de tensión luego del rechazo en la Cámara de Diputados al veto a la emergencia en discapacidad impulsada por la oposición. Pese a que el oficialismo pudo frenar al aumento a los jubilados, aún queda el paso final en el Senado para validar el veto presidencial.

Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja logró frenar el veto del presidente Milei. Es la primera vez que la oposición consigue los dos tercios para insistir con una ley.

En el entorno presidencial creen que hay pocas esperanzas de lograr un voto positivo en la Cámara Alta donde tienen minoría pese al apoyo de partidos aliados. “Es casi imposible logran el apoyo en el Senado”, sostuvo una fuente consultada cercana al presidente Javier Milei.

La iniciativa que regulariza los pagos a prestadores y actualiza aranceles del sector seguirá en el Senado donde la oposición tiene menos obstáculos para alcanzar los dos tercios. El Gobierno se prepara para judicializar la norma y evitar su aplicación. 

El camino judicial por ahora es la única estrategia que gana mayor apoyo dentro del oficialismo. Hay un cierto optimismo de que finalmente la Justicia avale el decreto cuando el caso llegue a la Corte Suprema pese a que ya hubo un fallo de primera instancia que rechazó la medida de Milei. “Nunca se sabe que puede pasar”, analizó un funcionario con despacho en Balcarce 50.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya avisó que el Gobierno no podrá cumplir con la ley porque no va a romper con el equilibrio fiscal. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal que la Ley de Emergencia en Discapacidad sería de entre 0,25% y 0,45% del PIB. 

El Poder Ejecutivo intentó frenar ayer la embestida opositora con un anuncio esperanzador, pero que no tuvo el suficiente efecto para cambiar el voto de los diputados. Antes de que comenzará la sesión, el Gobierno mencionó “un posible aumento en las pensiones de discapacidad”.

Un comunicado del vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la medida busca “priorizar la atención” del sector y “fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”. El anuncio no trascendió más información que esa. 

Desde la Casa Rosada no especificaron si “siguen considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Tampoco se mencionó un monto o un porcentaje específico sobre la suba presupuestaria. Lo único que se aclaró es que el financiamiento saldría “gracias a los ahorros a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”.