Las declaraciones de Peter Lamelas, candidato de la administración Trump a ocupar la embajada de Estados Unidos en Argentina, provocaron una inmediata reacción de rechazo por parte de distintos sectores políticos opositores, que calificaron sus palabras como “una amenaza colonialista” y “un embate contra la soberanía nacional”.

Durante su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Lamelas anticipó que, de ser confirmado en el cargo, se propondrá "vigilar que los gobernadores no hagan acuerdos con los chinos" y aseguró que buscará "que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece". Además, afirmó que la ex presidenta “ha sido procesada y declarada culpable de fraude por no uno, sino dos tribunales” y consideró que “si no fuera política, estaría en prisión”. Según Lamelas, Kirchner “está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”. La expresidenta no tardó en responderle al futuro embajador de E.E.U.U.

La primera respuesta provino de los gobernadores peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Quintela alertó sobre “los embates contra la libertad y la soberanía” que, según dijo, avanzan “con el aval y la aprobación” del actual Gobierno nacional. “Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”, sostuvo.

Por su parte, Melella remarcó que en su provincia no se dejan “disciplinar por nadie” y que las decisiones se toman “con autonomía”. Ziliotto fue más allá: “Es imposible callarse ante tamaña amenaza colonialista. Decidimos libremente a quién recibir y escuchar. En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”.

Desde el Congreso también se alzaron voces de repudio. El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para que el Congreso declare “persona no grata” al diplomático, al considerar que sus expresiones representan “una injerencia indebida en asuntos internos de la República Argentina”. El texto, firmado por el jefe de bancada Germán Martínez, sostiene que “las declaraciones de Lamelas desconocen el más elemental principio de soberanía popular” y advierte que el funcionario pretende “instituirse como denunciante, fiscal y juez de nuestra nación”.

“La intención indudable de inmiscuirse en procesos judiciales internos como el caso AMIA o la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye una ofensa institucional inadmisible”, agrega el proyecto. También exige al Poder Ejecutivo que traslade el rechazo al Gobierno de EEUU por los canales diplomáticos correspondientes.

En línea con esa postura, el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro denunció que a Lamelas “le molesta que seamos un país federal” y que su intención es “meterse en la política interna y ‘visitar provincias’ para alinear gobernadores con Washington”. En ese marco, vinculó su accionar con la Casa Blanca y el expresidente Donald Trump: “Milei cuida los negocios de Trump y Trump cuida su continuidad. Relaciones carnales versión 2025”.

Desde la izquierda, la dirigente del FIT Myriam Bregman también expresó su rechazo. “No hay que perder de vista su postura sobre Malvinas”, advirtió, recordando que Lamelas había sostenido que “Estados Unidos no reconoce la soberanía del archipiélago ni de la Argentina ni de Gran Bretaña”. Y concluyó: “No parece muy ‘neutral’. Hay que repudiarlo en la calle”.

El diplomático había justificado su postura asegurando que su misión en Argentina incluiría mantenerse “firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”.

En ese contexto, expresó que recorrerá las 23 provincias argentinas con el objetivo de "dialogar con los gobernadores" y vigilar sus vínculos internacionales. La respuesta política y legislativa en Argentina no se hizo esperar. El repudio fue transversal y contundente.