Un freno clave en Nueva York: Argentina logra demorar la entrega de acciones de YPF
La Justicia de EEUU otorgó una suspensión temporal mientras se define si se mantiene el fallo que ordena entregar el 51% de YPF. La agenda judicial suma fechas clave
La Justicia de Estados Unidos concedió a la Argentina un respiro en la disputa por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, dictó una “suspensión administrativa temporal” de la orden que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
La medida detiene, por ahora, los efectos del fallo dictado por la jueza Loretta Preska. Según el escrito firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal, la decisión se tomó para permitir “una presentación ordenada y la consideración” de los argumentos de ambas partes.
El cronograma fijado marca que los demandantes encabezados por Burford Capital deberán presentar su oposición este jueves 17 de julio, mientras que el Estado argentino responderá el martes 22. Una vez cumplido ese intercambio, un panel de tres jueces evaluará si concede una suspensión más extensa mientras se resuelve la apelación de fondo.
El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, quien llevó adelante esta causa durante el gobierno de Alberto Fernández, explicó en X los próximos pasos del proceso judicial y precisó que, una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces, “la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”.
Y aclaró: “Si la Cámara accede al pedido de la defensa argentina, la orden de Preska de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación de Argentina contra su sentencia de fondo (que ordenó pagar USD 16.100 millones)”. Aunque advirtió: “Dado que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia, es improbable que decida esa apelación de fondo antes de 2026”. Si el pedido fuera rechazado, la orden de Preska volvería a estar vigente.
Desde el Gobierno celebraron la decisión y destacaron que “ya no corren las 72 horas” impuestas por Preska para entregar el paquete accionario. Una fuente oficial afirmó: “No hay más riesgo de desacato”. Y calificó el fallo como “un gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.
La Corte Suprema, como última instanciaEn paralelo, el viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, detalló que la Argentina apeló tanto el fallo de fondo como la orden de entrega. En declaraciones a El Observador, explicó: “El Estado presentó hoy [por anoche] ante la Cámara de Apelaciones el escrito que notifica la decisión de la jueza y solicita que se expida sobre la suspensión”. Y añadió: “Creemos que la orden estará suspendida durante este período, porque las contrapartes aceptaron que se trata de una suspensión administrativa, según el derecho estadounidense”.
Stampalija también anticipó que, si ambas apelaciones son rechazadas, la defensa todavía podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Desde septiembre de 2023, cuando Preska dictó su fallo de primera instancia, la Argentina evitó tanto el pago de la indemnización como la constitución de una garantía. Sin embargo, en su último escrito, la magistrada cuestionó el comportamiento del país en el proceso. “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, sostuvo. Y agregó: “Ahora alega un daño irreparable si no se suspende la orden de entrega, pero ese supuesto daño surge directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos una sentencia no queda suspendida automáticamente cuando se apela. Por eso, la estrategia del Estado apuntó a obtener una medida específica para evitar la ejecución inmediata de la orden de Preska.
El caso, que ya lleva más de una década, entró así en una fase clave. La suspensión actual no resuelve el fondo, pero le permite al país ganar tiempo mientras se define si el 51% de YPF pasa o no a manos de Burford Capital, fondo que compró los derechos de litigar en la quiebra de Petersen en España, por los que pagó unos USD 15 millones.
La Cámara de Apelaciones será la encargada de decidirlo. Pero no tiene plazo. Y en Nueva York, el tiempo también forma parte de la estrategia.