La implementación de auditorías en universidades argentinas desató un conflicto significativo que trasciende los límites administrativos, enfrentando al gobierno y a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en un debate crucial sobre el uso de recursos públicos y la autonomía académica. 

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, declaró que el Estado “no desfinancia” a las universidades, sino que busca asegurar una gestión eficiente a través del Sindicato General de la Nación (SIGEN). Álvarez enfatizó que estas auditorías no perjudican la autonomía institucional y son necesarias para una administración eficiente de los recursos en un sector que recibe un alto financiamiento público.

"No hay recorte de fondos; todos los programas están financiados", afirmó Álvarez, describiendo esta medida como una "vuelta a la normalidad" en la supervisión de los fondos universitarios. Además, el funcionario rechazó cualquier insinuación de intervención estatal, argumentando que el objetivo es mejorar la gestión y asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente.

 

Resistencia de la UBA ante las Auditorías

La UBA y otras instituciones académicas mantienen una postura firme contra estas auditorías. Argumentan que los controles propuestos violan la autonomía establecida en la Ley de Educación Superior y podrían limitar su independencia en la gestión de políticas educativas y académicas. El rector Ricardo Gelpi considera que esta medida no solo es innecesaria, sino que también podría abrir la puerta a futuras intervenciones que amenazarían la libertad de cátedra y la calidad educativa.

La UBA solicitó que sea la Auditoría General de la Nación (AGN), y no la SIGEN, quien realice estas auditorías a partir de 2025. Argumentan que solo la AGN, como organismo dependiente del Congreso, tiene la autoridad para fiscalizar las universidades, basándose en el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera. Gelpi subrayó que "la autonomía universitaria está consagrada en nuestra legislación" y advirtió sobre el riesgo de que estas auditorías se conviertan en un mecanismo para controlar las decisiones académicas.

 

 

La respuesta de Javier Milei

En respuesta a las críticas, Javier Milei, presidente del país, salió al cruce defendiendo las auditorías. Afirmó que "la transparencia es fundamental", argumentando que "no se puede permitir que el dinero del contribuyente se use sin control". Insistió en que el gobierno está comprometido con una administración pública más eficiente y transparente.

Por otra parte, arguyó que el hecho de que la UBA se niegue a ser auditada demuestra, además de que “las autoridades están sucias", que "las cosas son peores a lo que imaginamos, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es peor a lo imaginado”, criticó el mandatario en su cuenta de X.