La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que es "sumamente preocupante" la situación de las siete mujeres detenidas durante el desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, una de las cuales está embarazada. En este sentido, la cartera que conduce presentó un escrito ante la Justicia en la que advierte sobre "violación de derechos humanos".

Se trata de un operativo realizado por fuerzas de seguridad nacionales y supervisado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Las mujeres de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu fueron detenidas en el marco de las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez de "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad mapuche tehuelche en Villa Mascardi.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un escrito en la causa en el que advirtió que en el procedimiento policial hubo "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas", ya que fueron trasladadas a la cárcel de Ezeiza, según la agencia de noticias NA. Ese traslado, advirtió la cartera, va en contra de "lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia".

Gómez Alcorta se encuentra siguiendo el caso junto a sus colaboradoras con el objetivo de intervenir "activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte".

La ministra confirmó que "desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujeres indígenas", en diálogo con la radio AM750. En ese marco, la ministra detalló que dentro de las detenidas, hay "una líder espiritual", dos que se encontraban con "sus niñes muy pequeñites" y una mujer embarazada de cuarenta semanas "con algunos temas de presión alta".

Sin embargo, ayer el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández aseguró que el desalojo se hizo sin violencia ni disparos. Afirmó que todos los detenidos "fueron trasladados, salvo una señora embarazada que fue primero al hospital, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria", según dijo el ministro en una entrevista con la TV Pública.

Incluso desmintió que se hayan producido disparos o agresiones: "Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos", dijo sobre el operativo.

Aún así, Gómez Alcorta manifestó que desde su cartera buscaron información sobre las mujeres detenidas "que era confusa en un primer momento", puesto que sabían que "se habían presentado varias excarcelaciones" y continuó: "Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones". 

La jueza Domínguez informó ayer que "van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires", con excepción de dos madres lactantes por lo que "continuarán restringidas en las dependencias que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche", mientras que otras cuatro serán trasladadas al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires debido a la presunta falta de un establecimiento adecuado para alojar mujeres en la ciudad o en Río Negro.

La jueza federal, Silvina Domínguez, que ayer ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalo de los predios de Villa Mascardi

Ante esto, Gómez Alcorta consideró que "lo más grave" es que estos pedidos de excarcelaciones "fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados o abogadas particulares" y que la "falta de asignación está vinculada a la incomunicación". Asimismo agregó:  "No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho".

Gómez Alcorta remarcó que el ministerio que conduce está interviniendo y que hay una coordinadora del ministerio en Bariloche, pero que se trata de "actuaciones pura y exclusivamente ordenandos por la jueza" y que la cartera "no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial".

"Nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza", completó la ministra.