YPF: la Justicia de EEUU frena el embargo y habilita a Argentina a apelar sin entregar acciones
La Corte de Apelaciones de Nueva York mantuvo la suspensión de la orden de Preska de entregar el 51% de YPF y otros activos, en un juicio por USD 18.000 millones.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago en el juicio por la estatización de 2012. La medida estará vigente mientras se resuelvan las apelaciones, evitando que el país transfiera la mayoría accionaria de la petrolera estatal.
El Gobierno celebró la decisión y destacó también que el tribunal autorizó la participación como amicus curiae del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respaldó la postura argentina. “Es un paso decisivo para resguardar un activo estratégico y los intereses de todos los argentinos”, señaló la Procuración del Tesoro.
La jueza Preska había determinado en junio que el juicio de USD 16.100 millones —cifra que, con intereses diarios superiores a USD 2 millones, ya ronda los USD 18.000 millones— se cancelara con la entrega de esas acciones. El fallo de primera instancia, dictado en septiembre de 2023, benefició principalmente a Burford Capital y Eton Park, y no discutía la legalidad de la expropiación, sino la falta de una Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía.
En paralelo a la apelación, el caso avanza en dos frentes judiciales. Por un lado, la etapa de discovery —producción de información y documentos— en la que los demandantes buscan datos sobre activos, movimientos financieros y bienes que podrían servir para ejecutar la sentencia. Por otro, el planteo de alter ego, mediante el cual Burford intenta demostrar que YPF y el Estado argentino son la misma entidad. Si lograra probarlo, podría embargar no solo acciones de la petrolera, sino también activos de otras empresas estatales e incluso las reservas de oro que el Gobierno envió al exterior en 2024.
En ese marco, Preska ordenó entregar comunicaciones, mensajes de WhatsApp y otros registros de quienes ejercieron el cargo de ministro de Economía en distintos períodos, Luis Caputo y Sergio Massa. Frente a estos requerimientos, la Argentina presentó un pedido para suspender la orden de discovery y frenar la entrega de información mientras se resuelve la apelación, con el objetivo de impedir que los demandantes utilicen esos datos para localizar activos embargables. Esta solicitud todavía está pendiente de resolución en el tribunal de primera instancia.
Entre los argumentos de la defensa argentina contra la entrega de acciones figuran la violación del principio de cortesía internacional (comity), la inmunidad soberana —también respaldada por el Gobierno de EEUU— y el hecho de que las acciones están depositadas en el país y no vinculadas a la actividad comercial de YPF. “Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional”, señalaron los abogados del país.
La Cámara dispuso que el 25 de septiembre la defensa presente su escrito contra la orden de turnover de acciones. Las audiencias por la apelación de fondo, que busca revertir la sentencia completa de Preska, están previstas para la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas. Desde la Casa Rosada remarcaron que el fallo de la Corte no altera ese calendario y afirmaron: “Durante más de diez años distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio. Hoy ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”.
