Argentina ya tiene aborto legal, seguro y gratuito luego de que esta madrugada, pasadas las 4, el Senado sancione el proyecto elaborado por el Gobierno. Así, cambiará una realidad por la cual miles de mujeres atravesaron procesos penales por interrumpir un embarazo, si bien desde 1921 el procedimiento estaba permitido en ciertos casos especiales: ¿cómo es la situación hoy?

Sin aborto legal en Argentina, hoy en día 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, de acuerdo a un informe actualizado y presentado ayer por el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El documento, elaborado sobre la base de datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad, fue remitido al Senado previo a la sesión para que los legisladores contaran con esa información a la hora de emitir su voto sobre la legalización del aborto.

La investigación reveló que esas mujeres que tienen causas por abortar "son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias". "Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos", afirmó a Télam una vocera del CELS.

En los procesos penales que se llevaron adelante contra ellas "la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso", alertó el CELS.

Muchas de esas mujeres, según el Centro de Estudios, fueron denunciadas por personal sanitario, dado que las causas se iniciaron "con frecuencia cuando los equipos de salud violan su deber de confidencialidad" al atenderlas.

Pero, además, en ocasiones el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante fue tomado como una denuncia. "La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud", señaló el análisis del CELS.

También consideró que en los hospitales "la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales". "Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento", advirtieron.

Por otra parte, resaltó que las coberturas "morbosas" de estos casos en medios de comunicación generan un impacto que "acompaña a la mujer, luego a sus contextos sociales y familiares, aunque nunca sea condenada penalmente", por lo que "la condena en estos casos no es un elemento imprescindible para la imposición de un castigo", sino que también puede ser un castigo social, apuntó el informe.

La investigación detectó también allanamientos "sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto".

Uno de los casos citados por legisladores en el Congreso para defender su postura a favor de la ley de aborto fue el de Belén, nombre ficticio asignado a una joven tucumana que estuvo presa durante 29 meses acusada de homicidio agravado por la denuncia de médicos que la atendieron en un hospital tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo del cual no estaba enterada. En 2017 fue absuelta.

De hecho, Tucumán resaltó en el estudio del CELS por tener una política de "de persecución a los casos de aborto desproporcionada respecto del resto del país", ya que mostró un incremento respecto de años anteriores "que debería encender las alertas de otras esferas del Estado".

Mientras que entre 2003 y 2012 hubo 282 causas por aborto radicadas en la justicia penal tucumana, según la investigación "Jaque a la reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán", de 2012 a 2020 la cifra se elevó a 402, indicó la ONG.

El estudio del CELS se hizo en base datos oficiales de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Fue realizado junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos.