Once personas serán juzgadas desde hoy en Rosario por estrago culposo agravado al iniciarse el juicio oral por la explosión de un edificio ocurrida en agosto de 2013 que provocó 22 muertes y alrededor de 60 heridos, informaron hoy fuentes judiciales.

De los once imputados que llegan a juicio, los fiscales adelantaron que pedirán el sobreseimiento de dos de ellos -un gasista y un ayudante- al entender que por su participación en el hecho no tienen responsabilidad penal, añadieron.

Según se informó, las audiencias se desarrollarán los lunes, miércoles y jueves entre las 8.30 y las 17.30, y los martes desde las 13 hasta las 19. De acuerdo a las previsiones del tribunal, el juicio se extenderá hasta el 12 de junio próximo.

Hay once imputados en la causa, desde un gasista matriculado hasta los administradores

Los acusados llegan al debate procesados por estrago culposo agravado por muerte, un delito que "consiste en causar un daño de grandes proporciones y el cual genera un peligro común", detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El monto máximo de la pena establecido en el Código Penal para ese delito es de cinco años de prisión.

La explosión del edificio ubicado en calle Salta 2141 de Rosario se produjo a las 9.38 del 6 de agosto de 2013 por una fuga de gas que al acumularse y "reaccionar ante una fuente de ignición" provocó la implosión de la torre, que causó 22 muertes.

De acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscal Argüelles durante la instrucción, la explosión fue posible como consecuencia de "una cadena de negligencias" que involucraron desde el gasista matriculado que trabajaba en el lugar al personal de la empresa Litoral Gas y a los administradores del consorcio.

Ante un problema de pérdida de gas en el edificio, el 25 de julio de 2013 asistió el gasista matriculado José Allala, quien procedió "al accionamiento de la válvula de bloqueo para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado sólo personal de la licenciataria Litoral Gas", señala el procesamiento.

De acuerdo a la causa, frente a la persistencia del problema los administradores del consorcio informaron a los propietarios e inquilinos que debían colocar dos reguladores de gas para una mejor provisión del fluido.

Unos días después, el 2 de agosto durante una reunión de consorcio, otro gasista contratado por la administración, Osvaldo García, explicó que "era más económico colocar un regulador de 100 en lugar de dos de 50, como asimismo que no debía realizarse obligatoriamente una inspección en todas las unidades habitacionales del edificio", algo contrario a las normas.