Detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a través de la División Delitos Constitucionales, detuvieron a un grupo de jóvenes sospechados de encontrarse detrás de la serie de amenazas de bomba registradas en los días previos, dirigidas a distintas estaciones de tren de las líneas Roca y Sarmiento y del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según una fuente del caso, las amenazas no terminaron allí. También alcanzaron a la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, la Cámara Electoral, Instituciones educativas, y a funcionarios de primera línea del gobierno nacional.

Incluso afectaron al bunker de Sergio Massa durante las últimas elecciones presidenciales, y al juez federal que se encontraba en esos momentos en turno. 

 

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los funcionarios policiales se pudo establecer que las amenazas eran realizadas a través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro,  las cuales utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet. 

La investigación contó con la colaboración de especialistas de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen bajo la dirección del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo de Julian Ercolini, secretaria 20 de Fernando Pascual.

Así, parte de los detenidos se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web.

En ese ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros, utilizaba redes wi fi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado. 

Sin embargo, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión que resultaron ser la punta del ovillo que derivó en múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, la identificación de los autores y su boleto a la cárcel.   

Allegados a la investigación refirieron que -hasta el momento- se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos; estimándose pérdidas millonarias por la suspensión de los servicios férreos afectados.

Por día, más de 2 millones y medio de pasajeros utilizan los servicios de tren y subte en el AMBA.