El Gobierno nacional desreguló el control sobre tarifas de colegios privados, que desde ahora podrán fijar cuotas sin previa comunicación ni autorización estatal. La medida se confirmó a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que deroga el Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.

La decisión del Gobierno de Javier Milei implica un cambio profundo en el esquema de control estatal sobre las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, ya que deja sin efecto la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de solicitar autorización previa para realizar modificaciones.

Entre los argumentos, el Ejecutivo asegura que las instituciones ponen precios más altos por temor a no poder cubrir costos y la problemática se traslada a las familias, que se encuentran con valores superiores y, por lo tanto, limitan su elección sobre el establecimiento al que envían a sus hijos. 

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el objetivo es “que el valor de las cuotas pueda ajustarse al resto de los bienes de la economía y no se generen aumentos arbitrarios motivados por la incertidumbre”. 

La iniciativa alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina, aproximadamente 2.000 instituciones distribuidas en todo el país.

 

Los argumentos de la desregulación de tarifas para colegios privados

Según los fundamentos oficiales detallados en el texto de la nueva norma, el decreto derogado “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto también señala que “el Decreto Nº 2542/91 fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual. En aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional. Esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

En esa línea, el Gobierno argumentó que el sistema vigente desde los años noventa respondía a una realidad institucional distinta, cuando la educación dependía directamente del Ejecutivo nacional. Con el traspaso de competencias a las provincias, el nuevo decreto considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.

Entre los argumentos centrales, se advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, remarca que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

En ese sentido, el Gobierno indicó: “En 2024 la inflación general fue de 117,8% pero las cuotas escolares subieron un 169% (+44% extra). Así, lejos de dar previsibilidad a las familias, al impedir los ajustes mensuales, el esquema vigente provoca que las familias deban destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación de sus hijos”.

El texto también subraya que la obligación de avisar anticipadamente los montos de la cuota y el requerimiento de una autorización previa “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”. La situación se traslada a las familias, quienes se encuentran con “aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”, argumenta el Gobierno.