Cuarenta puestos de control para motociclistas y veinte para ciclistas ocupan todos los días seis puntos de la Ciudad de Buenos Aires para cumplimentar la orden del juez Roberto Gallardo contra los repartidores de las empresas de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya, aunque tanto la Ciudad como las empresas adelantaron que apelarán el fallo que prohíbe el transporte de alimentos a través de una plataforma informática.

En la sentencia de fondo, tras la aplicación de una medida cautelar, el juez Gallardo le ordenó al gobierno porteño clausurar toda plataforma virtual informática vinculada a la mensajería y reparto de alimentos que no esté registrada, realizar controles preventivos y decomisar mercaderías, el acatamiento de las empresas al Código de Tránsito y bloqueó los pagos con tarjetas de crédito.

Después de ese fallo, en respuesta a una medida cautelar, Gallardo fue recusado y el expediente pasó al juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 15, a cargo de Víctor Trionfetti, aunque sus efectos siguen vigentes hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie en torno a la recusación.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver los recursos de apelación que adelantaron que presentarán tanto las empresas como el gobierno de la Ciudad, puesto que la Cámara de Apelaciones ya se pronunció a favor de la sentencia del magistrado.

Rappi, Glovo y PedidosYa dicen que democratizaron la generación de ingresos

Gallardo dijo que Rappi, Glovo y Pedidos Ya "generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley", en respuesta a un comunicado en el que esas firmas aseguraron que el magistrado "busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas".

"El derecho a trabajar tiene que ser ejercido en forma regular. Las empresas tienen que adecuarse a la ley o volvemos a principios del siglo XVIII", afirmó a Télam Gallardo, quien insistió en que Rappi, Glovo y Pedidos Ya deben cumplir con el Código de Tránsito y Transporte (ley 5526) aprobado por la Legislatura porteña en 2016.

Agregó que "las empresas no enviaron al juzgado la lista del personal ni acreditaron que entreguen los elementos de seguridad para el trabajo (casco, material refractario para ser identificados de noche y la mochila sujeta al vehículo). Y tampoco que el personal está dotado de libreta sanitaria, lo que exige la ley".