La universidad más rica y prestigiosa de los Estados Unidos decidió marcar un límite. Harvard rechazó una serie de exigencias del gobierno de Donald Trump, presentadas bajo el argumento de combatir el antisemitismo. La respuesta de la administración federal no tardó en llegar: congeló fondos por USD 2.200 millones y amenazó con quitarle su estatus impositivo.

"El estatus impositivo está totalmente condicionado a actuar en interés público", escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social, después de que la universidad hiciera pública su negativa a firmar un acuerdo impulsado por el grupo de trabajo presidencial sobre antisemitismo, en defensa de su independencia institucional y de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU.

La propuesta oficial incluía reformas en diez áreas clave, en medio de un clima de tensión por las protestas propalestinas en los campus universitarios. El gobierno pidió reportar a estudiantes “hostiles” a los valores estadounidenses, auditar departamentos acusados de fomentar antisemitismo, garantizar “diversidad de puntos de vista” en cada facultad, revisar antecedentes por plagio en el cuerpo docente y aplicar sanciones por incidentes ocurridos durante manifestaciones.

El presidente de Harvard, Alan Garber, explicó los motivos del rechazo: "Aunque algunas de las demandas buscan combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las 'condiciones intelectuales' en Harvard", afirmó en el sitio oficial de la institución. "No vamos a ceder nuestra independencia ni a renunciar a los derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión", agregó.

Desde Washington, el Departamento de Educación respondió que la postura de Harvard reflejaba "una mentalidad de privilegio preocupante" y calificó de inaceptable la "disrupción del aprendizaje" y "el hostigamiento a estudiantes judíos".

Además del congelamiento inmediato de fondos, la administración puso bajo revisión otros USD 8.700 millones en subvenciones de largo plazo. Columbia University, otra institución de elite, optó por aceptar parte de las condiciones luego de sufrir un recorte de USD 400 millones en financiamiento.

En paralelo, el conflicto se extendió al ámbito migratorio. Mohsen Mahdawi, un estudiante de Columbia próximo a graduarse, fue detenido esta semana en Vermont mientras asistía a una entrevista como parte de su trámite de ciudadanía. Otros alumnos vinculados a protestas propalestinas también fueron detenidos en días recientes.

David Armitage, profesor de historia en Harvard, consideró que la universidad tenía margen para resistir. "Es un acto de venganza infundado por parte del gobierno, que quiere silenciar la libertad de expresión", dijo a la BBC. "Pero no hay precio demasiado alto cuando lo que está en juego es la libertad".

El conflicto ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia las universidades. Según una encuesta de Gallup, la credibilidad de las instituciones académicas cayó entre votantes de todos los signos políticos, con una caída más marcada entre los republicanos, que cuestionan el supuesto sesgo ideológico en la educación superior.

Con fondos congelados, amenazas fiscales y una fuerte presión política, Harvard se planta y sostiene su decisión: preservar la autonomía académica, aún bajo fuego, mientras avanza, en simultáneo, con una política histórica de inclusión: a partir del ciclo lectivo 2025-2026, ofrecerá gratuidad total a los estudiantes de grado cuyos hogares tengan ingresos menores a USD 100.000 anuales. La ayuda cubrirá matrícula, alojamiento, alimentación, seguro médico y traslado.