Con el nuevo esquema de licencias profesionales, también se redefine el rol de los prestadores médicos y educativos que participan del proceso.

Desde ahora, todas las instituciones que realicen evaluaciones psicofísicas o brinden formación obligatoria deberán inscribirse en un registro único, gratuito y digital, gestionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esta base de datos nacional permitirá fiscalizar que los servicios se brinden con personal calificado, bajo protocolos estandarizados, y con trazabilidad de cada conductor evaluado.

A diferencia del sistema anterior, el Estado no intervendrá en la regulación de tarifas, por lo que los prestadores podrán fijar libremente el costo de los cursos y exámenes.

Los centros que ya operaban bajo el régimen LiNTI tendrán 90 días para adecuarse a la nueva normativa y migrar su información al sistema digital nacional.

El Gobierno busca con esta medida mejorar la oferta de formación y reducir los tiempos de espera, sin resignar calidad ni seguridad en los procesos.