Una mujer de Villa Mercedes, San Luis, quedó imputada por defraudación al Estado tras recibir por error una transferencia de $540 millones del Gobierno provincial. Verónica Alejandra Acosta esperaba apenas $8 mil en concepto de cuota alimentaria. Usó parte del dinero de inmediato, y la Justicia ahora le exige una fianza de $30 millones para no ir presa, al igual que a otros cinco familiares.

El depósito fue realizado por un contador del Estado, quien más tarde denunció el error. La defensa sostiene que no se inició ninguna imputación en su contra.

En declaraciones a medios locales, Acosta explicó: "Recibí el dinero, estaba esperando ocho mil pesos del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero, con tanta necesidad, fui a hacer compras y ayudé a mi familia". Indicó que creyó haber recibido medio millón de pesos y que usó los fondos para adquirir una heladera, dos televisores —uno para su cuñada—, un microondas, una freidora, cerámicos para su casa y un Ford Ka modelo 2014-2015. También transfirió montos a parientes: "Fui transfiriendo de a 500 mil pesos. Ese es el tema, por eso son varias transferencias".

La Fiscalía de Estado contabilizó 66 movimientos de dinero desde su cuenta. Aunque Acosta aseguró haber actuado sin intención delictiva, el Gobierno congeló su cuenta en menos de 48 horas, allanó su vivienda, secuestró bienes y dispositivos electrónicos, e impulsó su imputación por defraudación, retención indebida y otros delitos.

Según el abogado defensor Hernán Echevarría, "son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes".

El Gobierno recuperó más del 90% del total transferido: parte fue devuelta de forma voluntaria, otra fue bloqueada y el resto está siendo rastreado en billeteras virtuales. Toda la circulación del dinero fue digital, lo que permitió su trazabilidad.

Desde Fiscalía aseguran que hubo intentos previos de contacto con la familia para advertir el error. "La buena fe hay que demostrarla con hechos", sostuvo el abogado Flavio Ávila, representante del Estado.

Pese a los reintegros, la jueza de Garantía exigió una caución de $30 millones para cada uno de los imputados, a pagar en tres días hábiles. La defensa apeló la medida por considerarla “exorbitante e imposible de cumplir”.

Mientras se aguarda la resolución judicial, las seis personas involucradas —muchas con hijos pequeños o en situación de vulnerabilidad— conviven con la amenaza de quedar detenidas. "No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro", dijo Acosta.