El Senado le dio media sanción a dos proyectos de ley impulsados por los gobernadores que, de aprobarse y no ser vetados por el Poder Ejecutivo, implicarían que las provincias reciban más recursos en forma automática a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y por la distribución del impuesto sobre los combustibles, en ambos casos de libre disponibilidad.

Según las características de la distribución del fondo ATN en años anteriores, la reforma implicaría una ganancia fiscal neta para las provincias por la diferencia entre los recursos que recibirán en forma automática (58,8%) y el monto que les llegaría en forma discrecional (7% del total en 2024 y 20% en 2025). Por otro lado, la reforma en el impuesto sobre los combustibles significaría que las provincias pasen de recibir de un 25,47% a un 57,02% de su recaudación.

Considerando conjuntamente ambas reformas, el costo fiscal total para el sector público se estima en 0,18% del PBI si las medidas hubiesen estado vigentes en 2024 y en 0,21% para el año en curso. Asimismo, equivaldría a cerca del 60% del superávit financiero nacional de 2024 y el primer semestre de este año.

Con las reformas, todas las provincias recibirían más recursos. De haber estado estado vigentes en 2024, los recursos extras por ATN y combustibles hubiesen sido un 197% mayores que los observados o un 170% durante el primer trimestre de 2025.

 Asimismo, el consolidado de provincias hubiese obtenido mayores recursos en 2024 por el equivalente a un 3,1% de las transferencias automáticas totales. Las subas irían desde 1,3% y 2,1% de las transferencias en Misiones y Chubut, respectivamente, hasta un 5,2% en la Ciudad de Buenos Aires. El aumento sería del 2,8% en Buenos Aires y del 3,1% en Córdoba o Santa Fe.

De otro modo, con las reformas, los recursos totales de las provincias podrían haber acusado un aumento de 1,4% en 2024, desde un 0,4% en Neuquén hasta un 3,6% en La Rioja. La suba habría sido de 0,5% en la Ciudad de Buenos Aires, de 1,1% en la provincia de Buenos Aires, de 1,4% en Córdoba y de 1,6% en Santa Fe.

Si los recursos extras no se hubiesen gastado, el consolidado de las provincias podría haber más que duplicado su superávit financiero en 2024 o incrementado un 15% el gasto de capital. En cambio, si hubieran alimentado el gasto primario provincial se podría haber registrado un resultado 1,5% superior en 2024.

En este sentido, no sería buena idea que, si los proyectos de ley finalmente se aprueban, las provincias destinen los ingresos extras para aumentar el gasto corriente. Argentina enfrenta importantes desafíos tanto para incrementar la competitividad de su economía como para asegurar la viabilidad del modelo económico, junto con el equilibrio fiscal a nivel nacional.

En este contexto, un mayor reparto de lo generado a través de los impuestos nacionales debería ser utilizado para compensar el costo fiscal de una reforma en los distorsivos tributos provinciales, para financiar programas de gasto enfocados en la infraestructura o para efectuar mejoras de competitividad en la producción local, como sería el caso de la implementación de los peritos médicos forenses para la evaluación de incapacidades laborales previstos en la ley 27.348.

Al respecto, debe atenderse que, durante el primer trimestre de 2025, según datos recientes dados a conocer por el Ministerio de Economía, el gasto total de provincias aumentó un 16% anual real, mientras que las erogaciones nacionales lo hicieron solo un 3,5%. Si se considera lo registrado entre el primer trimestre de 2023 e igual período de 2025, para captar también el efecto del fuerte ajuste del año pasado, se obtiene que el gasto total se redujo un 28% real en el caso de la Nación y un 12% en el consolidado de las provincias.

Esto significa que, con la expansión de las erogaciones provinciales en 2025, se está revirtiendo buena parte del ajuste fiscal llevado a cabo por ese nivel de gobierno durante el año previo. El gasto corriente provincial se ubicó, en el primer trimestre de 2025, solo un 8% por debajo del nivel exhibido a lo largo del mismo período de 2023, frente a un ajuste nacional del 24% en el acumulado en dos años.