El Estado, mediante el impulso a la obra pública, será el motor para el desarrollo del país cuando la pandemia de coronavirus quede atrás, aseguró el presidente Alberto Fernández respecto del plan oficial para la post pandemia.

"Hoy más que nunca el Estado necesita convertirse en el motor del desarrollo y la obra pública es el factor determinante que va a movilizar una economía que está empezando a recuperarse más rápido de lo que esperábamos", enfatizó el mandatario, pocos días después que un grupo de representantes gremiales y de organizaciones sociales presentara en el Congreso una propuesta para generar cuatro millones de puestos de trabajo y reactivar la economía post coronavirus.

El mandatario dijo que este paso se da "después de dos pandemias, la de la economía", en referencia a cómo recibió el país en diciembre de 2019, "y la del virus", por la pandemia que desde marzo combate Argentina y el mundo.

Fernández aseguró que se está volviendo a "la obra pública en todo el país" para mejorar la calidad de vida. El ministro de Industria, Matías Kulfas, anunció junto al mandatario el lanzamiento de dos grandes líneas de crédito para el sector productivo, una específicamente destinada a las pymes, con financiamiento del BID por USD500 millones que "nos va a permitir llegar con $248.000 millones a 87.000 micro y medianas empresas para capital de trabajo, pagar deudas, etc", dijo el funcionario, Esa línea tendrá una tasa subsidiada de entre 10% y 24% anual. Esto forma parte de las 60 medidas que el Gobierno irá anunciando en las próximas semanas.

Respecto del plan presentado por gremios y organizaciones sociales, la propuesta apunta a crear 4.000.000 de puestos de trabajo en la economía popular y otros 170.000 empleos registrados, con una inversión anual e inicial de $750 mil millones anuales.

La iniciativa le fue entregada al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por una delegación de dirigentes que fue encabezada por el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Los 4.000.000 de puestos de trabajo están previstos la economía popular y los 170,000 empleos registrados serán regulados por convenio colectivo, para cuya financiación se prevé una reforma impositiva que grave las grandes fortunas, capitales especulativos y las actividades extractivas.