En los últimos meses nos encontramos cientos de fotos y videos de humo y llamas a lo largo y a lo ancho del país. Ardieron aproximadamente 200.000 hectáreas. Hubo dos grandes zonas donde esto sucedió: una es el delta del Paraná, donde lo que se queman son humedales; la otra es el centro y norte del país, donde se quemó área boscosa. Hoy están aminorados por las lluvias, pero aún permanecen algunos focos; y lo que es seguro, los fuegos volverán si no cambian las reglas del juego.

En el caso de los humedales, los incendios se suceden desde hace ya algunos meses. El AMBA amaneció con humo varios días, mientras que algunas ciudades de Santa Fe o el norte de Buenos Aires vivieron entre el humo durante meses.

La llama que inicia estas prácticas parece corresponder a manejos irresponsables de la práctica de la "quema", que consiste en "limpiar el terreno" para luego poder introducir ganado. Esto permite el rebrote de algunos pastos y la quema de materia seca acumulada, dejando un terreno listo para que entren las vacas acercándose el verano. Lo raro es que esta práctica se realice en una situación de sequía tan grande como la que estamos viviendo. Nadie que esté familiarizado con ella lo haría en estas condiciones.

Durante algunas semanas ardieron unas cuantas hectáreas en el centro del país, luego de que aparecieran los primeros focos hace más o menos un mes. En este caso, las razones de por qué sucede esto aún no están claras y no hay que descartar ninguna. Varios lugareños advirtieron que otros años, luego de los incendios, esos mismos lotes aparecían en páginas para hacer desarrollos inmobiliarios.

Tanto los bosques como los humedales tienen la capacidad de regular hídricamente una región, es decir, absorber agua. Al quemarse estos ecosistemas, se pierde la capacidad de regulación hídrica de manera que, cuando lleguen las lluvias, ese excedente de agua terminará inundando pueblos o ciudades.

Hay dos leyes que ya están siendo promovidas en el Congreso que podrían aportar herramientas concretas para mejorar la gestión ambiental frente a estas problemáticas: la reforma de la ley de bosques y la ley de humedales.

En el caso de la ley de humedales, en el pasado tenemos varias frustraciones. Esta sería la tercera vez que se presenta una iniciativa en este sentido (primero en 2013 y luego en 2016), sin dejar atrás que ya desde 2008 se volvió algo que ocurre algunas veces al año en el AMBA, con brumas de incendios provenientes de esa zona.

La ley de humedales  

Lo primero que tiene que definir la ley es ¿qué es un humedal? Algo bastante fácil de definir conceptualmente, pero más complejo de caracterizar en el terreno. Los humedales son ecosistemas vitales para el planeta, funcionan como esponjas: en momentos de abundancia de agua, absorben el exceso y albergan una enorme biodiversidad. Pero en tiempos de sequía, tienen la capacidad de vaciarse de agua sin perder sus características tan particulares. Esto les da un valor fundamental para la vida como la conocemos, no solo albergan una biodiversidad muy específica y necesaria, pero además esa regulación hídrica evita que ciudades y campos productivos enteros estén bajo agua en las temporadas de lluvias. Conservar los humedales es redituable y necesario para todas las personas.

La segunda cuestión clave que tiene que hacer una ley de humedales es inventariar, es decir, georeferenciar dónde están estos humedales y caracterizarlos de acuerdo con diferentes aspectos de valoración ecosistémica. Lo que nos quedará es un mapa concreto de dónde están los humedales en el país. Sobre esto habrá que establecer prioridades de conservación y herramientas para el manejo, de manera de asegurarnos que esa provisión de servicios ecosistémicos se mantenga a pesar de los diferentes usos que se puedan realizar cerca de estos lugares.

La tercera cuestión es la de establecer castigos para quienes incumplen la ley. En esto hay que ser drásticos; si algo nos enseñó la ley de bosques es que, si no hay castigo penal, el costo de incumplir la ley es largamente superado por el beneficio económico personal de hacer mal las cosas. Por lo que establecer tipificaciones penales ante el incumplimiento es fundamental.

En el centro del país la cuestión es distinta: los bosques están protegidos por la ley de bosques. La ley de bosques categoriza los bosques del país en tres grupos: rojo, amarillo o verde.

Cuando un área cae en la zona roja, el bosque se considera de máximo valor de conservación, impidiendo que se realice una actividad productiva dentro. Cuando el área cae en la zona amarilla, se permiten algunas actividades muy puntuales con estrictos controles ambientales y que no alteren la matriz boscosa. Esta clasificación trajo mucha polémica ya que deja abiertas puertas de las cuales algunos se han tomado ciertas atribuciones, intentando pasar como actividades sustentables cosas que no lo eran. En la categoría verde se puede incluso deforestar, previa presentación ante las autoridades correspondientes. Lo vanguardista de esta ley es que si alguien es poseedor de un bosque puede pedir que se le retribuyan los servicios ambientales que genera mediante la presentación de un plan para su conservación o manejo, algo parecido a una compensación por servicios ecosistémicos.

Uno de los problemas que tuvo esta ley tiene que ver con los diferentes criterios que cada provincia tomó para realizar sus mapas. Se ven entonces en el mapa nacional zonas rojas de una provincia que al cruzar el límite político imaginario se convierten en verde, algo inexplicable desde la perspectiva ambiental ya que ni los árboles ni los animales valen menos de un lado que del otro de una provincia. Vinculado a esto, otro gran problema fue la falta de cuadros técnicos en algunas provincias que no supieron encontrarle la vuelta a promocionar la posibilidad de generar y ejecutar planes de conservación en las distintas partes del bosque. Del otro lado, la respuesta fue un desfinanciamiento cada vez más grande y constante del presupuesto que tenía la ley para este fin.

Otro gran problema que se tiene es que, ante el incumplimiento de la ley de bosques, hay pocas herramientas legales para actuar; es decir, si no cumplo la ley, el beneficio es mayor que el costo tal como explicábamos más arriba.

Es por esto que la reforma de la ley de bosques apunta a dos cosas: por un lado, ordenar la clasificación difusa que hay respecto de rojo, amarillo y verde, que hoy responde más a una decisión coyuntural de la provincia que a un ordenamiento racional. Incluso algunos trascendidos evalúan la posibilidad de sacar la categoría verde con el fin de no permitir más desmontes legales.

Por otro lado, la reforma apuntaría a incorporar tipificaciones penales a quienes incumplan la ley. De esta manera, quien desmonte ilegalmente podría ir preso directamente, algo que en definitiva ayudaría a la prevención y al posterior castigo sobre esta clase de delitos.

 

Penas duras  

Tanto la ley humedales como la nueva ley de bosques contienen, en algunas versiones, tipificaciones penales para quienes cometan delitos ambientales.

De esta manera, al rastrearse los culpables, se podría actuar de manera concreta frente a una problemática que afecta tanto a las personas como a los productores que sí hacen las cosas de manera correcta. Además, es otra forma de proteger la flora y la fauna.

Pero también hay que continuar desarrollando una justicia formada en estos temas para poder abordarlos con la complejidad técnica que requieren sin tener que formarse en cada tema específico, algo que demora las resoluciones y acciones que, usualmente, requieren mucha celeridad.

La lucha contra los delitos del ambiente obedece a la necesidad de contar con figuras delictivas dolosas y autónomas que puedan convivir técnicamente con otros delitos, históricamente vinculados, como aquellos contra la salud pública nacional, provincial y la seguridad pública.

 

 

 

* Responsable de la Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)