En la destacada encíclica “Laudato si” del Papa Francisco, entre muchas ideas y valores fundamentales, se subraya la necesidad de un cambio de dirección: una orientada hacia la inclusión en lugar de la exclusión. Como se cita textualmente: "una visión ética renovada que sitúe a las personas en el centro, con la intención de no dejar a nadie al margen de la vida". Este principio es crucial al abordar la reforma de la Constitución de la provincia de La Rioja. Es la dignidad humana la que debe estar en el centro de las decisiones políticas e institucionales, como se refleja en muchos de sus artículos.
El 9 de agosto se llevó a cabo la juramentación de la nueva Constitución de La Rioja. La reforma impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, fue aprobada en la doceava sesión de la convención constituyente elegida. Se modificaron 20 artículos y se incorporaron otros 30, con la inclusión de nuevos derechos humanos y una terminología actualizada.
Este texto constitucional sitúa a La Rioja a la vanguardia en comparación con otras constituciones provinciales, marcando un hito histórico. El peronismo, con toda su historia, se encuentra en un momento de renovación doctrinaria, reflejado en esta reforma integral, el justicialismo tiene todo su pasado por delante, quiero decir, mucho del contenido y de esta reforma plasmada es actualización doctrinaria.

Siguiendo con el análisis constitucional se destacan temas sustanciales como Principios de Organización Política, la periodicidad en las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial que abarcan también la paridad de género en los cargos electivos, la consagración constitucional de los derechos al agua, la energía y la conectividad, la libertad de expresión y gobernanza y la constitucionalización de la coparticipación municipal primaria.

En particular, se asegura la protección de la dignidad de las personas en el contexto digital, garantizando la libertad de expresión y acceso a la información como bienes sociales esenciales. Esta nueva Constitución provincial no solo garantiza la igualdad y la realización completa de las personas, sino que también otorga rango constitucional a principios como la paridad de género, convirtiéndose en la primera Constitución con paridad constitucionalizada.

Además, establece la soberanía alimentaria y resalta al agua como un bien estratégico a proteger. Los derechos sociales, comunitarios y de ambiente sustentable se alinean con el desarrollo productivo.
La Constitución también subraya, en el capítulo IV, la función social del capital y de la propiedad, afirmando que "el desarrollo y progreso de la Provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo" (artículo 79).

Bienes naturales comunes

En el artículo 83 establece que "la Provincia, en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo, es dueña originaria de todos los bienes naturales comunes", incluyendo los recursos genéticos presentes en su territorio.
No puedo dejar de mencionar a Juan Perón, quien en su texto “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” planteó con claridad el papel del capital extranjero y el Estado Nacional frente a la explotación de recursos. Perón dijo que ningún país es libre sin ejercer el control total sobre explotación, uso y comercialización de sus recursos. Es esencial que las inversiones extranjeras se orienten hacia el desarrollo con inclusión nacional y federal.
A modo de conclusión, con apretada síntesis y las limitaciones del caso, quiero decir que en tiempos de ajuste, exclusión y deshumanización, el movimiento nacional peronista debe reconstruirse con la firme vocación de recuperar el poder político con el pueblo como protagonista. Recuperar la política. Es necesario fortalecer el Estado Nacional frente a los embates internos y externos, referimos a que cuando se gobierna para las mayorías se enfrentan intereses de los poderes fácticos. Urge entonces construir un frente nacional que impulse el modelo de producción y trabajo que realice la justicia social. Este esfuerzo será la clave para alcanzar mayores niveles de igualdad y enfrentar la deuda más grande de la democracia. En otras palabras, mejorar las condiciones de vida del pueblo y dejar a las generaciones que vienen una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.

 

(*) Abogado UNLP. Congresal Nacional del PJ. Titular en la Dirección Especializada en Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Referente de Grupo Descartes en el Gran la Plata