El 17 de octubre de 1945 marca un hito fundamental en la historia argentina,  el "Día de la Lealtad", fue cuando una movilización popular rescató a Juan Perón del ostracismo impuesto por el establishment. Esta gesta popular creó las condiciones para su candidatura presidencial, su triunfo electoral del 24 de febrero de 1946 y su asunción como presidente el 4 de junio del mismo año.
Perón se constituyó como el primer líder en institucionalizar la cuestión laboral y social desde el gobierno. Antes de su llegada, las corrientes sindicales estaban dominadas por ideologías anarquistas y marxistas, influenciadas por la inmigración europea, que rechazaban sistemáticamente cualquier proyecto legislativo emanado del Estado, incluso aquellos beneficiosos para los trabajadores.

El cambio paradigmático comenzó el 4 de junio de 1943, cuando Perón solicitó hacerse cargo de la entonces desconocida Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, elevándola al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde esta posición estratégica, implementó una alianza con importantes sectores sindicales y creó un movimiento nacional, popular y policlasista, con fuerte énfasis en el accionar estatal para articular los conflictos entre capital y trabajo.

Como señaló John William Cooke: "El peronismo fue el más alto nivel de conciencia al que llegó la clase trabajadora argentina". Esta experiencia se mantuvo hasta el golpe de 1955, cuando comenzó un largo período de represión que se extendió, con breves interrupciones, hasta 1983.
Durante el trascurso de la gestión peronista, desde la asonada militar del 4 de junio de 1943 y su derrocamiento en septiembre de 1955, argentina, en palabras del propio Perón, pasó de importar hasta los alfileres que usaban nuestras costureras a fabricar automóviles, aviones y utilizar energía atómica con fines pacíficos.

En la actualidad uno de los logros más significativos del peronismo está bajo fuerte amenaza: la indemnización por despido. Este instituto tiene sus orígenes en la ley 11.729 del 26 de septiembre de 1934, aplicable inicialmente solo a empleados mercantiles, producto de un proyecto del diputado socialista Enrique Dickman. Perón, mediante el decreto 33.302/45 del 20 de diciembre de 1945, extendió este beneficio a casi todo el universo laboral.
El marco constitucional que protege estos derechos está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (incorporado en 1957) y reforzado por la reforma de 1994, que consagró el principio de "progresividad y no regresividad" del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La eliminación de la indemnización por despido mediante su sustitución por un fondo bursátil implicaría:
*Desprotección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios
*Eliminación del carácter disuasorio de la indemnización actual
*Facilitación de despidos sin costo para los empleadores
*Obstaculización de reclamos justos (aumentos salariales, mejores condiciones laborales)

Es significativo que ni el gobierno de facto de 1955 ni la dictadura genocida de 1976 —que desguazó la Ley de Contrato de Trabajo mediante la ley 21.297— se atrevieron a eliminar la indemnización por despido, lo que hoy se propicia legislativamente.
Para atender las necesidades del sector PyME, principal generador de empleo y uno de los más perjudicados por la recesión, existen alternativas que no implican desguazar los derechos laborales. La modernización del derecho laboral debe adaptarse a las nuevas circunstancias tecnológicas y organizacionales, pero preservando los derechos fundamentales. La actualización no debe ser sinónimo de desregulación o precarización, sino de adaptación inteligente.

El modelo económico del gobierna nacional actual, se caracteriza por una visión extractivista y de primarización que destruye pequeñas y medianas empresas y elimina puestos de trabajo. Esta orientación no solo es socialmente regresiva, sino que compromete las posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico del país.
El verdadero problema no radica en supuestos problemas estructurales insolubles, sino en la economía en negro y las exportaciones que evaden pagos, fenómenos que algunos especialistas estiman alcanzan aproximadamente el 50% del PBI. Esta evasión masiva constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y la justicia social.

Argentina no sufre de problemas estructurales insolubles. Cuenta con:
*Territorio extenso y variado
*Litoral fluvial y marítimo navegable
*Riqueza ictícola de enorme potencial
*Recursos petrolíferos, gasíferos y mineros diversos poco explotados
Estos recursos podrían constituir la base de un desarrollo industrial sustentable.
El resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, permite albergar expectativas esperanzadoras con miras a la elección nacional del 26 de octubre y el Gobernador provincial, está marcando el rumbo.
La respuesta adecuada a la situación actual requiere un ejercicio de racionalidad política que nos permita utilizar la inteligencia estratégica en lugar de dejarnos arrastrar por la lógica confrontativa que propone el gobierno nacional. Frente a los gritos, agravios y descalificaciones que caracterizan al discurso oficial, debemos responder con moderación, templanza, racionalidad y, fundamentalmente, con propuestas concretas que ofrezcan alternativas viables a los problemas de la sociedad.

A la motosierra destructiva que esgrime el presidente, debemos contraponer el bisturí que corrija con precisión quirúrgica. Esta diferencia no es meramente instrumental, sino que refleja concepciones opuestas sobre el rol del Estado y la metodología del cambio social. Mientras la motosierra destruye indiscriminadamente, el bisturí opera con precisión, conservando lo que funciona y modificando aquello que requiere corrección.
Debemos eludir las falsas antinomias que propone Milei, no es “Mercado vs Estado”, ni “Kirchenerismo vs Liberarismo”. Es “Estado “Eficiente vs Estado Ineficiente” o “Mercado con Límites en lo Social”, aquí vuelvo a la metásfora de bistiurí y no motosierra y la cito palabras de Hipólito Yrigeyen: “Tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario” en definitiva es,“Liberalismo vs Peronismo” establecido en el marco geo-pólítico consustanciado, debidamente contextualizado  con el viejo apotegma: “Ni Yanquis, ni Marxistas, Peronistas” es decir pluralistas, independientes, autónomos, pragmáticos, soberanos. 
En este 17 de octubre y con miras al evento electoral del 26 de dicho mes, es fundamental defender las tres banderas peronistas —Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social— como contraposición a la especulación financiera y la apertura indiscriminada de la economía.

Eliminar la indemnización por despido implicaría un retroceso a la situación previa a 1934, constituyendo una aberración histórica que desmontaría casi un siglo de conquistas laborales. Como homenaje al líder, a la gesta que se conmemora y a las víctimas de tantas luchas, debemos impedir semejante retroceso.
La defensa de una sociedad de producción, crecimiento, desarrollo tecnológico y trabajo, en un marco de defensa de la soberanía, debe guiar nuestras decisiones, especialmente considerando las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

(*) Abogado laboralista y ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)