Múltiples razones determinan que hoy el sector azucarero, principal fuente productiva del Noroeste Argentino (NOA), sea casi inviable por sí mismo. Sin embargo, constituye a la vez la base de otras actividades que benefician a la economía de la región y extienden su influencia positiva a todo el país. Bien puede decirse que la primera consecuencia favorable de las actividades derivadas de la caña es permitir que la producción de azúcar continúe en pie. Económicamente, la más importante de ellas es la producción de bioetanol de caña.

Teniendo en cuenta esa circunstancia, para allanar el camino hacia la consolidación de la sostenibilidad de la producción del bioetanol de caña y beneficiar la perspectiva de la de azúcar, el Estado nacional estableció en 2008 un régimen promocional vigente hasta 2021. No obstante, su incumplimiento por parte de las autoridades regulatorias está poniendo en riesgo la subsistencia de la actividad, hundiendo inversiones cuantiosas y amenazando el destino de 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos, incluyendo a más de 7.000 cañeros, proveedores, contratistas, y a todas las actividades económicas relacionadas. Por cierto, una irresponsabilidad.

En la base del problema está la inexplicable actitud de la Secretaría de Energía de la Nación, que desde 2017 alteró los parámetros determinados para la fijación del precio del producto, que en la actualidad es dictado mensualmente de manera caprichosa por la autoridad de aplicación.

Como se sabe, el bioetanol de caña es un combustible que se obtiene de la fermentación del azúcar de esa planta mediante el procesamiento de su biomasa, lo que requiere de fuertes inversiones para su desarrollo industrial en escala.

De acuerdo con la normativa derivada de la Promoción, todo litro de nafta que se comercializa en el país debe contener 12% de bioetanol, dividido en partes iguales entre el elaborado a base de caña de azúcar y el de maíz. El propósito de la reglamentación es contribuir a reducir la contaminación ambiental, al ser el bioetanol un combustible mucho más amigable con el ambiente que los de origen fósil.

El ordenamiento básico del sistema se sustenta en la Ley 26.093, de 2006, que estableció un Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles con una vigencia de 15 años desde su aprobación, que el Poder Ejecutivo puede extender. Luego, en enero de 2008 fue promulgada la Ley 26.334, que aprobó el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol. Se constituyó así una virtual política de estado que ha atravesado cuatro gobiernos y tiene impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.

El interés de la Nación en el desarrollo de la industria de biocombustibles fue expuesto en esas leyes y en otros instrumentos del Estado, entre ellos el Memorando de Entendimiento que el Poder Ejecutivo firmó recientemente con la República Federativa de Brasil sobre "Cooperación en el área de bioenergía, incluyendo los biocombustibles", en el que las partes acordaron como objetivo "hacer sus mejores esfuerzos para promover la producción y el uso de la bioenergía, incluyendo los biocombustibles, en ambos países, y su inserción en mercados internacionales".

No obstante, las políticas aplicadas por la Secretaría de Energía, -que se explican por manifestaciones públicas del secretario Gustavo Lopetegui-, determinaron la grave situación que afecta al sector, por la que varias de sus empresas se encuentran ante la imposibilidad de asumir compromisos de procesamiento o entrega de producto, cuando no al borde de la bancarrota.

La situación crítica se desató en octubre de 2017, cuando el entonces Ministerio de Energía redujo el precio del producto de forma unilateral en 15%, invocando que la fórmula de cálculo era incorrecta.

Desde entonces el organismo de aplicación ha dispuesto una serie de medidas, de forma y de hecho, que acentuaron el retraso del precio y afectan el normal desenvolvimiento del sector, configurando un claro caso de inseguridad jurídica, dado que las empresas involucradas realizaron inversiones sobre la base del escenario previsto en la Ley que ha sido cambiado por decisiones unilaterales que exceden la competencia de la autoridad de aplicación.

Téngase en cuenta para ello que, en contradicción con las normativas relacionadas con el estímulo a la producción de bioetanol, el secretario Lopetegui declaró que "la política de biocombustibles es un costo tributario para una nación que está quebrada", que no le gusta el sistema de cupos ni la fijación de precios a los que obliga la norma y que "el sector de biocombustibles está siendo beneficiario de subsidios y tengo mis dudas agregó- de que tenga algún beneficio en la suma que lo merezca".

Pese a esas desafortunadas declaraciones, que se sensibilizan con la opinión del sector petrolero -adquirente obligado del producto-, y confunden los objetivos de la promoción, producción y uso de los biocombustibles, los productores de bioetanol no reciben subsidio alguno de parte del Estado ni de los consumidores. Por el contrario, bien puede afirmarse que los consumidores están subsidiando a las petroleras locales que enganchan sus precios a los internacionales y no a sus costos reales de producción.

Así, mediante el permanente cambio de reglas de juego que lleva a la baja relativa el precio del producto que deben pagar las petroleras en relación con otros de interés en este mercado -como el de las naftas, el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) y el de la bolsa de azúcar de 50 kilos-, la Secretaría incumple arbitrariamente lo establecido en la Promoción en relación con los factores a considerarse en la fórmula para la determinación del precio que indica que debe asegurarles a los productores ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos eficientes aplicables a la producción, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable.

Dadas estas circunstancias el tema fue judicializado por empresas del sector y ya se ha dictado en una causa en Salta una medida cautelar que obliga al gobierno a restablecer la fórmula acordada el año pasado. La Secretaría apeló el fallo e incumple lo ordenado por la Justicia, mientras por otro lado un grupo de empresas tucumanas también recurrió a los tribunales.

Entretanto, como para que el caso sea considerado como más que una política, un encono, el 2 de julio la Secretaría volvió a establecer un precio arbitrario para el producto, fijándolo en $ 24,916 por litro, por lo menos 20% abajo de lo que hubiera correspondido con los parámetros para la determinación del precio dispuestos el año anterior.